16 de Octubre, 2005

Oposición Frontal en LA RAZON

Por Narrador - 16 de Octubre, 2005, 4:30, Categoría: Información en la Prensa

Nos gusta la información facilitada por el diario fundado por Anson. Señala los puntos más destacados de esta historia y además mantiene una oposición nítida contra este despropósito que algunos llaman ‘Estatut’.

LA RAZON

Sábado, 1 de Octubre de 2005

EL GOBIERNO ESTÁ DISPUESTO A CAMBIAR EL ESTATUT «DE LA A A LA Z» PARA ADAPTARLO A LA CONSTITUCIÓN

I. G. de Molina y T. Santaeulària

Mientras Pasqual Maragall celebraba la aprobación ayer del Estatut en el Parlament catalán y se mostraba convencido de que el Congreso de los Diputados respetaría su redacción, el Ejecutivo advertía de que lo reformará para ceñirlo a la Constitución.

 

Madrid - La tormenta sobre la reforma del Estatut, lejos de amainar ayer, no sólo volvió a arreciar, sino que amenaza con convertirse en un auténtico huracán en los próximos meses. Mientras el Parlament catalán aprobaba definitivamente el nuevo texto, el Gobierno, «sin aún haberlo analizado en profundidad», prefirió curarse en salud. Por eso advirtió de que «lo retocará en su segunda fase, la de su tramitación en las Cortes Generales, para garantizar que el documento final sea acorde con la Constitución de la A a la Z». Eso sí, lo hará desde el respeto que le merece una «propuesta» aprobada casi por el 90% del Parlament. Así lo aseguró ayer la vicepresidenta primera del Gobierno, al término del Consejo de Ministros, que dedicó «cinco minutos» de su reunión a debatir y comentar la importancia de su aprobación.

En aras al «rigor constitucional», Teresa Fernández de la Vega interpretó el compromiso adquirido en su día por el propio presidente del Gobierno de respaldar el Estatut tal y como saliera del Parlament. Según la portavoz, José Luis Rodríguez Zapatero condicionó su apoyo a que el texto obtuviera un amplio consenso y a que estuviera dentro de los límites constitucionales. «Sólo en este escenario es en el que hay que enmarcar, a su juicio, las palabras del presidente», dijo.

El respaldo expresado por Zapatero, en su opinión, «no significa que el texto no pueda retocarse en los aspectos que tengan o puedan tener matices de constitucionalidad». Modificaciones que consideró «normales y habituales», como las que sufrirá la reforma del Estatuto valenciano. Acto seguido, volvió a matizar la promesa del presidente al recordar que en su discurso de investidura dejó claro que los límites para las reformas estatutarias son el consenso y la Carta Magna.

Por tanto, a partir de que el Estatut comience su andadura en el Congreso en noviembre próximo, el Gobierno lo analizará y abrirá una negociación sobre el texto, «sin perder de vista que esta reforma no es la de la Constitución». Aunque aún no ha sido analizado, la portavoz dejó la puerta abierta al cambio del sistema de financiación que establece el Estatut por ser similar al concierto económico vasco y, por ende, inconstitucional, como ya ha advertido el Consejo Consultivo y el propio Gobierno. En este contexto, el Ejecutivo reiteró ayer su defensa de la multilateralidad en el modelo de financiación autonómica, concepto que choca frontalmente con el principio aplicado en el Estatut.

El Gabinete de Zapatero considera que el nuevo sistema de financiación deberá nacer fruto del consenso entre todas las autonomías y la Administración central, lo que supone en la práctica que tumbará el acuerdo alcanzado por el tripartito y CiU en esta materia. Sobre dicho punto, De la Vega apeló a la normalidad democrática para desdramatizar y quitar hierro a los cambios de la reforma del Estatut que acometerá el Ejecutivo en el Parlamento.

El término «nación» que figura en el texto también se convertirá en la manzana de la discordia durante su tramitación. De hecho, la vicepresidenta se limitó a apelar al «rigor constitucional» para esquivar el interrogante de si el Gobierno «retocará» o no el reconocimiento de Cataluña como nación. Por el contrario, el ministro del Interior, quien también compareció ante los medios de comunicación tras el Consejo, fue más allá al insistir en su inconstitucionalidad y dar por sentado su eliminación en el Congreso.

Maratoniano debate. Horas antes, el Parlament de Cataluña había aprobado el nuevo Estatut que llegará el miércoles al Congreso de los Diputados. Durante este maratoniano pleno las referencias al presidente Macià han sido continuas. Y aunque las comparaciones suelen ser odiosas, en este caso no eran gratuitas. La reforma estatutaria de Cataluña aprobada en el Parlament lleva en sí misma reminiscencias de ese presidente que se presentó a Madrid con un Estatut muy ambicioso para Cataluña, pero regresó con la mitad de lo que había pedido. Esa herida que marcó el curso de la política catalana podría reeditarse ahora, o tal vez cerrarse.

Precisamente, ése era el temor que subyacía ayer en la Cámara catalana durante los discursos que sirvieron para ponerle la guinda al pastel de la reforma estatutaria. El presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, reconoció, en su discurso, que era el momento de librar esa batalla y se mostró fuerte para capitanearla. Con un parlamento serio y poco triunfalista, Maragall explicó que no cree propio de una «tierra que se llama nación, ahogarse en las emociones». Por ello, sus palabras no tuvieron el impacto patriótico que sí quiso darle el líder de CiU, Artur Mas.

El mandatario catalán afirmó que Cataluña propone, no impone, un nuevo marco político que redibuja las Españas. Un nuevo escenario que, a su entender, es de cariz federal. Maragall recordó que «el federalismo castellano hablaba siempre de España como una nación de naciones». Sin embargo, reconoció que el nombre no hace la cosa y por ello no discutiría. Para él, «España quizás, es federal pero no lo ha podido decir durante todo el siglo XX». «No se trata –dijo– de unos y otros, sino de que nosotros también somos ellos». Y en la medida en que pertenecemos a España –no lo afirmó explícitamente para no herir las sensibilidades de las formaciones nacionalistas–, «queremos cambiar lo que también nos pertenece», sentenció. Maragall lanzó un auténtico aviso para navegantes al hablar entrelíneas de una nueva transición que debe solventar los dos lastres de la joven democracia. Lograr la paz en el País Vasco y el nuevo Estatut de Cataluña. Dos batallas, que, sentenció, «¡ganaremos!».

Al final de su confuso y breve discurso, reconoció que algunos creen que el nuevo camino político que abre Cataluña no tendría sentido si el término «nación» cae durante la tramitación en las Cortes. Un punto que dijo no compartir, aunque suscribió los argumentos que sostienen que sin el concepto «nación» «no se darían las condiciones para que todo lo que Cataluña propone se entienda».

Maragall, envalentonado, proyectó un mensaje interno a sus filas del PSOE, al afirmar sin ambages: «Espero poder decir que el futuro me dé la razón, que se equivocan, y que la propuesta catalana se aceptará en las Cortes». De hecho, se mostró convencido de que se aprobará, «porque los que deben hacerlo y decirlo, lo diremos y haremos», concluyó. Finalmente, quiso mostrar su agradecimiento al líder de la oposición, Artur Mas, por quererle acompañar en este duro camino. «Yo y él hemos llegado a tal identidad de pensamientos, que se me ha adelantado», aseguró arrancando las sonrisas del Parlament.

El presidente catalán, por último, aseguraba ayer en TVE, que el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, «hará todo lo posible» para que «España entera» entienda que Cataluña es una nación. Maragall afirmó que «Zapatero es una persona muy franca y muy directa. Él ha proclamado más de una vez que respeta el término nación para Cataluña». Asimismo, confirmó que ambos han quedado en reunirse «enseguida» para «que esto sea posible».

LA RAZON

Sábado, 1 de Octubre de 2005

CAROD LANZA VIVAS A LA NACIÓN CATALANA LIBRE

 

El líder de ERC, Josep Lluís Carod-Rovira, lanzó vivas a la «nación catalana libre» al cerrar su discurso en el Parlament. El gesto no era nuevo, pero sí es cierto que ayer cobraba especial importancia. Para Carod el Estatut que fue aprobado ayer en el Parlament por 120 de los 135 diputados del hemiciclo es un paso más hacía el Estado catalán. Una entelequia que sirve de motor a los independentistas catalanes. Sin embargo, la otra cara de la moneda estaba en las puertas del Parlament, donde un reducido número de «maulets» –independentistas radicales– gritaba «botiflers» –«derechistas»– a los políticos que salían de la Cámara. Las consignas, las de siempre: CiU y PSC son lo mismo. De esta forma mostraban, en un rincón del Parc de la Ciutadella, su indignación por el Estatut que acababa de ser aprobado.

Ajenos a la movida, los diputados catalanes se abrazaban, se hacían fotos y brindaban con cava. Las muestras de alegría propias de un día histórico como el de ayer se repetían por doquier. Quizás la anécdota de la jornada vino de la mano de una diputada de CiU en la votación, cuando el presidente del Parlament, Ernest Benach, al llamar uno a uno para emitir su voto oral, se olvidó de ella. La nacionalista, que no quería ser menos, le advirtió que faltaba su voto, y luego pudo visualizarlo. No era momento de perder ningún voto de CiU, con lo que les ha costado.

LA RAZON

Sábado, 1 de Octubre de 2005

PIQUÉ CREE QUE EL TEXTO SEPARA A LOS CATALANES Y MODIFICA EL ESTADO

Marcos Pardeiro

 

Barcelona - Explicar el voto negativo del PP al nuevo Estatuto de Cataluña el mismo día que el resto de grupos aprobaban solemnemente el texto era un mal trago para el líder popular, Josep Piqué. Era sabido que la sesión plenaria de ayer estaría dominada por peroratas patrióticas y afirmaciones nacionales. No obstante, Piqué quiso afrontar el desafío y revalidar sus argumentos porque cree que la apuesta por el autogobierno de CiU, PSC, ERC e ICV aleja a Cataluña de España, en contra de la voluntad de los populares, partidarios de «fortalecer los lazos entre ambos pueblos».

El líder del PP afirmó que puede entender que CiU y ERC busquen el distanciamiento de Cataluña respecto a España, pero no logra comprender que «fuerzas políticas con proyectos para el resto de España entren a jugar a este juego». Unas palabras que resonaron en el hemiciclo, mientras el popular clavaba su miraba al escaño del presidente Pasqual Maragall. Piqué confirmó su rechazo a la reforma estatutaria en último día de sesión plenaria porque su «trasfondo» es modificar la naturaleza del Estado». Utilizó buena parte de su intervención para descalificar el contenido del nuevo marco legal y advirtió de que «es un camino erróneo alterar la columna vertebral de la Constitución a través del Estatut». Desencantado del permanente oasis político catalán –pacto entre CiU y PSC en las cuestiones de país–, Piqué constató que el debate estatutario se había producido a espaldas de la ciudadanía y había generado auténtico hartazgo.

Sin embargo, la reflexión del presidente del PPC no se limitó a analizar la problemática nacional, sino que quiso bañar su discurso en un mar de prudencia y realismo. En este sentido, Piqué pidió a los padres del nuevo Estatut que eviten el autismo, basado en prometer a los catalanes cuestiones como la financiación sin tener en cuenta la opinión de las Cortes, que también participan en la decisión de contenidos. «Utilicen el condicional», rogó al cuatripartito estatutario.

En este punto, advirtió de la posibilidad de regresar de Madrid con un redactado «muy rebajado» y, así, arrojarse a la frustración y a la «alimentación del victimismo» de los nacionalistas. Sereno y firme, señaló «siento aguarles la fiesta pero el Estatut, hoy por hoy, sólo es una propuesta de ley». El líder del PPC también criticó el longevo proceso de gestación y afirmó: «En la retina de los ciudadanos lo que queda es una discusión que sólo interesa a políticos, pero también queda que se hundió el Carmelo, aunque en esa ocasión los mismos que han pactado el Estatut echaron tierra sobre el asunto». «Se nos ha dicho demasiadas veces que cuando tengamos el Estatut ya haremos las políticas que el país necesita. No vuelvan a decirlo, háganlo».

LA RAZON

Sábado, 1 de Octubre de 2005

EL PP EXIGE ELECCIONES SI EL TEXTO NO SE TRAMITA COMO REFORMA CONSTITUCIONAL

C. Morodo

Cree que representa un peligro mayor que el «plan Ibarretxe» porque cuenta con la bendición de Zapatero

 

Madrid - El PP llevará al extremo la batalla contra el Estatut catalán por entender que representa una amenaza para la unidad, la igualdad territorial y la convivencia. Mariano Rajoy ha convocado un Comité Ejecutivo extraordinario el próximo lunes con un orden del día centrado exclusivamente en analizar el escenario de inestabilidad que abre la llegada a Madrid de un texto «sin encaje constitucional» y que reúne encubiertamente los requisitos de la llamada «libre asociación», es decir, del nuevo modelo de relación con el Estado español en el que se fundamentaba el «plan Ibarretxe». Cataluña se reconoce como una nación, con fiscalidad y Justicia propia, primer paso para la «separación territorial y la ruptura de la unidad».

La primera decisión de los populares, anunciada ayer por Ángel Acebes, es oponerse a cal y canto, como ya adelantó este periódico, a la tramitación en el Congreso, salvo que se haga como reforma constitucional. De no ser así, el PP exige a José Luis Rodríguez Zapatero que disuelva las Cortes y convoque elecciones antes de la toma en consideración del Estatut en la Cámara Baja, ya que los españoles tienen derecho a pronunciarse sobre una iniciativa que afecta al nudo gordiano del sistema institucional y que no iba recogida en el programa electoral socialista.

«Engaño» a los españoles. El argumento es el mismo que se empleó con el proyecto del lendakari: de fondo hay una modificación de la Ley Fundamental y eso obliga a que se aplique el procedimiento agravado que ésta establece para su reforma, es decir, una mayoría de dos tercios de cada Cámara, lo que haría necesarios los votos populares, frente a la mayoría absoluta que basta para sacar adelante un cambio estatutario. Al afectar además a puntos fundamentales de la Carta Magna –como el artículo 2 del Título Preliminar, en el que se reservó para España el concepto de nación política mientras que se dejó abierta la puerta a que cada comunidad acabase definiéndose como nacionalidad (según los constituyentes como sinónimo de nación cultural) o región–, una vez aprobada la reforma deberá haber disolución inmediata de las Cortes Generales.

El «patrocinio» del Estatut por parte de Rodríguez Zapatero, a quien el PP responsabiliza directamente de la inclusión del concepto de nación, convierte al texto en una amenaza «más preocupante» –según explicó Acebes– que el propio «plan Ibarretxe».

Con este último, se sabía de partida que pese al guiño de los socialistas de permitir su calificación por la Mesa de la Cámara Baja, en ningún caso iba a recibir luz verde ya que votarían en contra en su toma en consideración en Pleno. Sin embargo, con el texto catalán el PP se encuentra desarmado ya que sus votos no valen como muro de contención y, además, se cuenta con el empeño personal de Zapatero en sacar adelante un proyecto que quiere convertir en bandera de su modelo de reformas estatutarias. En la historia ya está recogida la fecha del 14 de noviembre de 2003, cuando en un mitin en la recta final de la campaña autonómica catalana, Zapatero, que aún veía muy lejana su carrera hacia La Moncloa, prometía a Maragall que apoyaría el texto del Estatut que aprobara el Parlamento catalán.

«Hoy [por ayer] se ha aprobado una reforma constitucional para España que viene impulsada por Zapatero y que ha sido votada por el PSOE, causándose un perjuicio a los catalanes y a los españoles ya que abre un proceso de separación territorial», denunció Acebes.

Los populares mantienen que en el Estatut hay al menos 50 supuestos de inconstitucionalidad. Los oídos sordos del Gobierno a su exigencia de que se tramite como una reforma constitucional tendrán como respuesta un «no» categórico del PP a que entre en el Congreso.

LA RAZON

Sábado, 1 de Octubre de 2005

El Gobierno rechaza las «medidas drásticas»

  

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, rechazó ayer tramitar el Estatuto de Cataluña como reforma constitucional, al considerar que «estamos en un proceso de absoluta normalidad democrática» que no requiere ese tipo de «medidas drásticas» propuestas por el PP. De la Vega respondía así en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros al secretario general del PP, Angel Acebes. La vicepresidenta subrayó que «no hay ninguna situación que merezca abordar este tema desde la perspectiva de medidas drásticas como las que propone el señor Acebes», del que dijo que «a veces da la sensación de que tiene un cierto desconocimiento del funcionamiento normal de las instituciones democráticas».

Por su parte, el secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, DiegoLópez Garrido, considera «disparatada» la propuesta del PP de tramitar el proyecto de Estatuto de Cataluña como una reforma constitucional y se preguntó por qué se quiere hurtar al Congreso el debate de la propuesta, que es su cometido. En declaraciones a Ep, el dirigente socialista indicó que el PP parece no querer debatir la reforma estatutaria donde corresponde, que es en las Cortes Generales, y por eso plantea esa «disparatada propuesta». A su juicio, terminado el trabajo del Parlament, «ahora es el turno de las Cortes Generales y todos esos problemas que el PP tiene con el texto de la reforma deben ser expuestos en el debate».

«No sé por qué el PP quiere desapoderar a las Cortes de estos debates. Parece que tiene miedo a debatir democráticamente», abundó. Según explicó, el principal partido de la oposición está diciendo «exactamente lo mismo» que cuando el llamado «Plan Ibarretxe» llegó al Congreso de los Diputados.

LA RAZON

Sábado, 1 de Octubre de 2005

GALICIA Y PAÍS VASCO SE SUBEN AL CARRO DE CATALUÑA Y RECLAMAN SER «NACIÓN»

Los nacionalistas vascos y gallegos pretenden acelerar sus Estatutos

 

Madrid - «Qué tiene Cataluña que no tengamos nosotros?» La pregunta se la hacen los representantes de los partidos nacionalistas de Galicia y el País Vasco, y la respuesta, desde ayer a eso de las once de la mañana, está clara: un Estatuto aprobado por la inmensa mayoría del Parlamento catalán que concede a su territorio –a falta del plácet del Congreso de los diputados– el estatus de «nación» y un amplio control de los impuestos o la justicia, entre otras prebendas. Los «popes» del nacio- nalismo gallego y vasco tienen ya, por tanto, un nuevo motivo para envidiar a sus colegas catalanes, pero también vislumbran una oportunidad que consideran única para culminar sus aspiraciones. Pase lo que pase en la Cámara Baja, Cataluña ha abierto una puerta por la que también aspiran a pasar tanto las denominadas comunidades «históricas» como otras autonomías animadas ahora por la presunta «bajada del listón» del PSOE.

Pocos minutos después de que los parlamentarios catalanes dieran el sí a su texto estatutario, el vicepresidente gallego, Anxo Quintana (BNG) lanzó la carrera nada menos que en La Moncloa aprovechando su programada visita al presidente del Gobierno. Quintana dejó claro a Zapatero su intención de que Galicia cuente «pronto» con un nuevo Estatuto que, además del inevitable reconocimiento como nación, otorgue a la Xunta «un ámbito de competencias blindadas de intervenciones foráneas». «Es la liga que nos pertenece y en la que queremos estar», exigió el dirigente del BNG.

Otro de los «equipos» que aspiran a sumarse a la «liga» de Quintana es el PNV, cuya dirección interpretó ayer la aprobación de Estatut como un revulsivo que allanará el camino al famoso «plan Ibarretxe». Pese al varapalo que sufrió la propuesta del lendakari en el Congreso, los de Josu Jon Imaz no renuncian a conseguir que el País Vasco se convierta en un estado libre asociado a España y prometen retomar la guerra, confiados en que el texto catalán les gane la primera batalla durante su tramitación en las Cortes. Ese es el planteamiento de la presidenta de EA, Begoña Erratzi, que se apresuró a pedir al PSOE que dispense igual trato al Estatut que a la propuesta soberanista del lendakari.

Sin embargo, la aspiración de superar sus actuales techos competenciales no es patrimonio exclusivo del País Vasco y Galicia. Con su Estatuto recién llegado a la Carrera de San Jerónimo, el secretario general del Bloc, Enric Morera, salió a la palestra para reclamar que el texto valenciano «incluya un sistema de financiación equiparable al catalán» a través de la «cláusula Camps»

Desde Canarias, el presidente de CC, Paulino Rivero, consideró que ha llegado el momento de que los socialistas canarios «pierdan sus miedos y apuesten por un Estatuto que no tenga nada que envidiar al de Cataluña». Puestos a dar ideas sobre lo que debería incluir el hipotético texto, el presidente canario, Adán Martín, lanzó la primera, también en clave monetaria: una Agencia Tributaria propia para Canarias.

Tampoco IU se quiere quedar fuera de la «fiesta», y el próximo jueves propondrá que el nuevo texto andaluz defina a Andalucía como «nación»... inspirado en el ejemplo catalán. Otro quebradero de cabeza para Manuel Chaves.

LA RAZON

Sábado, 1 de Octubre de 2005

EL TEXTO CATALÁN DIVIDE AL GABINETE DE ZAPATERO

I. G. de Molina

 

Madrid - El Gobierno socialista está desde ayer en pie de guerra. La razón: el empeño del tripartito de incluir en el preámbulo del Estatut el reconocimiento de Cataluña como «nación». A partir de ahora al presidente del Ejecutivo, que siempre ha quitado hierro a este asunto, le tocará lidiar no sólo con los ataques de la oposición, sino con los voces discrepantes de su propio Gabinete. Algunos de sus miembros consideran, eso sí, en privado un despropósito definir a Cataluña como «nación». Además, alertan de la avalancha nacionalista que se avecina en el resto de reformas estatutarias. Sin embargo, no se atreven a elevar la voz para no contrariar a su jefe de filas, que, en alguna ocasión, ha restado importancia desde el punto de vista filosófico a este concepto. Es más, José Luis Rodríguez Zapatero no da mayor trascendencia al hecho de que cada autonomía se defina en su Estatuto como desee, sin que esto conlleve una modificación del artículo 2 de la Constitución.

Otros miembros del Ejecutivo, como el ministro de Justicia, han cambiado de opinión en cuestión de días. Juan Fernando López Aguilar, junto con los titulares de Defensa e Interior, protagonizó la semana pasada un ataque furibundo contra el reconocimiento de Cataluña como una nación. Sin embargo, ayer recogió velas y consideró que esta definición es una cuestión «sensible», pero «no nos debe preocupar siempre y cuando no perjudique ni a la soberanía española, que reside en el Parlamento, ni a la igualdad de lo derechos fundamentales».

Mientras el ministro de Defensa, junto con el de Interior, se ha mantenido firme en su rechazo, expresado ya desde hace meses, a que Cataluña se convierta en una nación. José Bono en innumerables ocasiones ha realizado una defensa a ultranza de la unidad de España y de su indivisibilidad. A esta bando se sumó públicamente hace unos días José Antonio Alonso, quien ayer mismo, al término del Consejo de Ministros, reiteró su posición. A su juicio, la definición de nación para cualquier autonomía es inconstitucional y abriría la puerta en un futuro a que Cataluña reivindicara convertirse en un Estado. «Tenemos una Constitución que nos ha sido y va a seguir siendo muy útil para convivir en este país», argumentó. Acto seguido, apuntaló su rechazo al asegurar que «tenemos un suelo constitucional y un marco normativo muy estable, que son la referencia de cualquier reforma». La vicepresidenta primera del Gobierno, por su parte, apeló al «rigor constitucional» para rehuir la cuestión. Al término del Consejo de Ministros, aseguró ayer que antes de emitir una opinión, como jurista que es, debe analizar en profundidad la redacción de la reforma del Estatut.

LA RAZON

Sábado, 1 de Octubre de 2005

LOS EXPERTOS CREEN QUE SE VULNERA LA CONSTITUCIÓN

Catedráticos y profesores de Derecho Constitucional coinciden en que las previsiones superan lo marcado en la Carta Magna

 

La definición de Cataluña como «Nación», la alusión a que el Parlamento catalán participe en los nombramientos de miembros de órganos nacionales o la apelación a los derechos históricos vulneran la Constitución, según distintos expertos consultados. 1. ¿Qué le parece que Cataluña se defina como una Nación? 2. ¿Es constitucional la previsión de que el Parlament participe en la designación de vocales del CGPJ o jueces del TC, Tribunal de Cuentas, etc? 3. ¿Y sobre os derechos históricos?

Enrique Arnaldo, Profesor Universidad Rey Juan Carlos:

>1 La Nación es indisoluble de la soberanía y, por tanto, del Estado. Por ello para el articulo 1.2 de la Constitución solo hay una nación, la Española. Choca frontalmente con la Norma Suprema la fractura de la Nación Española, que es una y no divisible.

>2. Igual que en la designación de los miembros autonómicos no puede participar el Estado, Cataluña no puede lógicamente disponer de ninguna manera su participación en el nombramiento de los que forman el TC, CGPJ o el Tribunal de Cuentas. Es un acto invasivo en la competencia estatal.

>3.- El proyecto del Estatuto se apropia indebidamente de una cláusula de salva guarda de la foralidad, contenida en la Disposición Adicional 1ª de la Constitución.

Carlos Vidal, Profesor titular de la UNED:

>1.- Aunque se haya matizado, supone una redefinición de España, y en un estatuto de autonomía no se puede redefinir lo que se dice en la Constitución. Esa definición es claramente inconstitucional porque se sale del marco de la Carta Magna.

>2. Las comunidades no pueden participar de modo directo en esas designaciones. De modo indirecto, podrían hacerlo a través del Congreso o del Senado. En ese caso, sería una cuestión política.

>3. El Estatuto no puede decir algo que no está en la Constitución, donde sólo se habla de derechos históricos en los casos de Navarra y algo del País Vasco. Por eso, apelar a esa cuestión es retrotraerse a la propia Constitución.

José Gabaldón, Ex vice Presidente del TC:

>1. El articulo 2 de la Constitución habla de la «indisoluble unidad de la Nación española». Con la redacción dada al Estatut se está desvirtuando literalmente ese precepto de la Constitución. No cabe otra interpretación al articulo.

>2.- Esos nombramientos son competencias del Estado, del Parlamento, ya que se trata de órganos nacionales.

>3.- La Constitución respalda los derechos históricos, pero, a la vez, dice que se llevará a cabo en el marco de la propia Constitución y de los estatutos de autonomía. La Constitución se redactó por consenso y aprobó por consenso y las comunidades autónomas que se constituyeron tenían derechos históricos. Por ello, es contrario a la Carta Magna esta previsión.

Gerardo Ruiz-Rico, Catedrático Universidad de Jaén:

>1.- La denominación estatutaria como «Nación» de una Comunidad Autónoma no encaja en un ordenamiento constitucional donde esa mención ha quedado reservada sólo a la «Nación española». Tampoco me parece aceptable una interpretación en sentido sólo «cultural».

>2.- Cataluña puede intervenir, pero sólo a través del Senado. Podría establecerse un mecanismo de consulta, no decisorio, y siempre en régimen de igualdad con otras Comunidades.

>3.- Los derechos históricos sólo pueden existir por reconocimiento expreso en la norma fundamental del Estado. No es posible admitir fórmulas de concierto económico o derechos político-institucionales que no fueron incorporados en 1978.

José M. Otero Novas, Abogado del Estado:

>1.- Nuestra Constitución, que permite una distribución de competencias sustancialmente propia de los Estados Federados, aun sin denominarlo así, en cambio es radicalmente contraria a la confederación, porque afirma la existencia de la nación española, en la que la misma Constitución se fundamenta.

>2.- Hoy, las reivindicaciones ya son todas de naturaleza confederal. Por eso se pretende que son órganos periféricos los que tienen que designar a los ocupantes de puestos en los Órganos del Estado.

>3.- Se quieren fundamentar los poderes autonómicos en circunstancias históricas propias ajenas a la Constitución y a la soberanía nacional.

LA RAZON

Sábado, 1 de Octubre de 2005

CATALUÑA QUIERE EL «SÍ» DEL CONGRESO EL DÍA DE SAN JUAN

E. L. Palomera

La toma en consideración se votará en noviembre

 

Madrid - ¿Y ahora qué? Las respuestas son variadas. Depende de a quién se le pregunte. El debate en el Gobierno y en el PSOE es un clamor entre la clase política. Se avecina un sainete de órdago. Algún día habrá que votar «sí» o «no» al texto que el próximo miércoles el presidente del Parlament entregará personalmente en la Carrera de San Jerónimo. El primer escenario –el del sí– contaría con el rechazo de la inmensa mayoría de españoles no catalanes de dentro y fuera del PSOE, donde se abriría una de la mayores crisis de su historia. El segundo, el del no, supondría que Zapatero, en un arrebato de sensatez frenara el Estatuto y convocara elecciones envuelto en la bandera de España.

El tiempo dará o quitará la razón a quienes apuesten por uno u otro escenario. Pero aún falta un largo camino parlamentario, que comenzará el próximo miércoles con el registro del texto en la Carrera de San Jerónimo y acabaría no antes de la festividad de San Juan. De hecho, nacionalistas y socialistas catalanes quieren celebrar el resultado final con una de las fiestas más simbólicas de su Comunidad. Tanto en el Gobierno como en el Congreso son estos los plazos que se barajan. Pero para ello los Estatutos de Valencia y Cataluña deberían tramitarse simultáneamente en las

Cortes, algo que no esta exento de complicaciones, ya que algunos miembros de la ponencia del texto valenciano integran la Comisión Constitucional, lo que obligaría a un calendario de trabajo infarto y poco frecuente en el Parlamento. Los pasos a seguir son los siguientes:

1. El texto será calificado por la Mesa del Congreso y se publicará en el Boletín de las Cortes. Este trámite no llevará más de dos o tres semanas.

2. Una vez publicada, la propuesta se someterá a votación de totalidad en un pleno, que se prevé pueda ser convocado la segunda semana de noviembre. Diciembre es un mes prácticamente perdido por los presupuestos, y como enero es inhábil, el debate en comisión no comenzaría antes de febrero.

3. La Mesa acordaría entonces un plazo de presentación de enmiendas al articulado y la remisión del texto a la Comisión Constitucional.

4. Cuando se hayan presentado las enmiendas, el Parlament designará a una delegación que no excederá del número de miembros de la Comisión Constitucional, con la que se constituirá una comisión mixta.

5. Se abrirá, después, un plazo de dos meses para la redacción de un texto definitivo.

6. El documento se votará en pleno antes de enviarse al Senado y regresará al Congreso para la aprobación final. Después, se devolverá a Cataluña, que deberá ratificarlo en consulta popular.

LA RAZON

Sábado, 1 de Octubre de 2005

EL PSC «AMENAZA» CON SUS 21 DIPUTADOS

I. G. de Molina

 

Madrid - El PSC ha lanzado estos días dos avisos a navegantes. El primero, dirigido a sus compañeros de filas y, el segundo, a ERC y a CiU. Tras un año y medio de negociaciones, no está dispuesto a soportar «ni media broma más». Por eso no le dolerán prendas en levantarse en pie de guerra contra sus propios compañeros del PSOE y recordarles que cuenta con 21 escaños, si, al final, «retocan» para eliminar la definición de Cataluña como nación del preámbulo del Estatut, según confirmaron fuentes del PSC a LA RAZÓN. Bajo esta advertencia, encubre la velada y permanente amenaza de constituir grupo propio en el Congreso, lo que, sin duda, complicaría aún más a Zapatero su actual legislatura. El segundo aviso está dirigido a ERC y a CiU. A ambas formaciones les ha alertado de que el Estatut se retocará en el Congreso con su plácet en cuestiones como la financiación y el blindaje de competencias. Con esta advertencia, intenta desactivar los ataques de los nacionalistas durante la tramitación en el Congreso del Estatut, que acabará poco antes de la convocatoria de elecciones en Cataluña. Se trata de evitar que el texto sea usado como arma arrojadiza durante la campaña electoral.

Crítica Moderada en EL CORREO

Por Narrador - 16 de Octubre, 2005, 4:16, Categoría: Información en la Prensa

La cabecera de Vocento expresa su oposición a la reforma del ‘Estatut’, o más bien los problemas que éste plantea.

EL CORREO

Sábado, 1 de Octubre de 2005

EL GOBIERNO CREE QUE SERÁ PRECISO RETOCAR EL ESTATUT PARA SU ENCAJE CONSTITUCIONAL

Ramón Gorriarán/Colpisa

De la Vega aclara que el respeto al texto no impide modificar aspectos que vulneren la Carta Magna «Vamos a negociar» los cambios con las fuerzas catalanas, asegura

 

MADRID - El Gobierno proclamó ayer su «respeto» por la reforma del Estatuto aprobada por el Parlamento de Cataluña, pero exigió que tras su tramitación en las Cortes sea «acorde con la Constitución de la 'a' a la 'z'». Una forma de decir, como reconocieron fuentes gubernamentales, que el texto con su actual redacción no cumple los requisitos constitucionales. El Ejecutivo adelantó que el Congreso y el Senado van a retocar el articulado surgido de la Cámara autonómica, pero intentará que las modificaciones sean fruto de «la negociación» con las fuerzas catalanas.

A grandes rasgos, el Gobierno cree que el proyecto aprobado por el Parlamento de Cataluña tiene varios aspectos inconstitucionales, pero el alto grado de consenso con que se refrendó -casi el 90% de los diputados- obliga a convertir esos puntos en constitucionales en su paso por las Cortes. José Luis Rodríguez Zapatero cumpliría de esa forma su palabra de «aceptar» la reforma y habrá nuevo Estatut. Así lo anunció la vicepresidenta primera tras la reunión del Consejo de Ministros, en el que el asunto suscitó «un pequeño debate» aunque no se analizó «a fondo».

María Teresa Fernández de la Vega indicó que el «respeto» a la voluntad de la Cámara catalana y «el máximo rigor constitucional» serán los criterios que guiarán la tramitación parlamentaria del proyecto de nuevo Estatuto, que el próximo miércoles entrará en el Congreso de la mano del presidente del Parlament, Ernest Benach. La portavoz no quiso desgranar qué aspectos del texto desbordan, en opinión del Ejecutivo, los límites de la Carta Magna, pero fuentes próximas a la vicepresidenta señalaron que la definición de Cataluña como nación, el 'blindaje' de competencias, las 58 materias «exclusivas» de la Generalitat y, sobre todo, el sistema de financiación son aspectos que se sitúan al margen de la Constitución.

La vicepresidenta ni siquiera quiso dar su opinión sobre la financiación, y se limitó a señalar que un modelo de Concierto Económico similar al del País Vasco ya fue considerado inconstitucional hasta por el Consejo Consultivo de la Generalitat. La financiación, adelantó, deberá «inscribirse en el rigor constitucional» y acordarse en un foro «multilateral».

Fuentes de La Moncloa señalaron que si el sistema de financiación aprobado hubiera llevado el nombre de Concierto Económico, como se recogía en las primeras propuestas de Convergencia i Unió, habría impedido la admisión a trámite de la reforma estatutaria en el Congreso. El documento habría corrido así la misma suerte que el plan Ibarretxe. La denominación acordada fue, finalmente, la de 'Acuerdo Económico Solidario'. En cualquier caso, en el grupo parlamentario socialista se da por hecho que el sistema de financiación tendrá que ser rebajado, por «demasiado ambicioso».

Nación

El ministro de Interior, José Antonio Alonso, que acompañó a la portavoz del Gobierno en la rueda de prensa, se ratificó, por su parte, en sus apreciaciones anteriores de que la única nación que cabe en la Constitución es España. «Las posiciones conocidas no hace falta repetirlas», dijo, y se reafirmó en su comentario de que Cataluña no puede definirse como nación.

Fernández de la Vega precisó que el respaldo prometido por José Luis Rodríguez Zapatero no significa que «no pueda retocarse» el proyecto a su paso por las Cortes «si hay elementos de inconstitucionalidad». Recordó que «así ha ocurrido siempre» y es «lo habitual y normal», por lo que nadie debe llevarse las manos a la cabeza ante los cambios que se introduzcan porque no serán ninguna falta de respeto a la voluntad del Parlamento de Cataluña.

La vicepresidenta quiso vencer los recelos que pueden surgir entre las fuerzas catalanas si se altera el proyecto porque serán modificaciones que «vamos a negociar» y «vamos a escuchar» lo que tengan que decir los inspiradores de la reforma. En todo caso, aseguró, «vamos a respetar» un texto que llega a las Cortes con el aval de «un consenso muy importante».

Lo que sí descarta el Gobierno es atender la petición del PP de tramitar la reforma estatutaria como una modificación constitucional, que exige una mayoría en las cámaras de tres quintos para que la que son imprescindibles los votos populares. «Da la sensación -comentó la vicepresidenta- de que (Ángel) Acebes tiene cierto desconocimiento del funcionamiento normal de las instituciones y los usos democráticos». No existe «ninguna situación que merezca medidas drásticas», prosiguió.

Calendario

La previsión gubernamental es que el proyecto sea admitido a trámite por el Congreso en noviembre, a lo más tardar diciembre, y que en febrero comience el debate de las enmiendas en ponencia para que esté aprobado en el verano de 2006 y pase al Senado. El Ejecutivo es consciente de que el camino no estará exento de tensiones. «Las habrá -apuntaron fuen- tes gubernamentales- dentro del PSOE, con el PSC, y entre los miembros del tripartito, pero al final habrá Estatut».

El Gobierno confía, asimismo, en que los primeros síntomas de nerviosismo mostrados por las fuerzas catalanas por el envío del proyecto «a Madrid» desaparezcan, porque todo se va a desarrollar con «normalidad democrática», y así como el Ejecutivo «respetó» el debate en el Parlamento de Cataluña sin inmiscuirse, es de esperar una actitud recíproca cuando la reforma esté en las Cortes.

EL CORREO

Sábado, 1 de Octubre de 2005

ASPECTOS POLÉMICOS DEL NUEVO ESTATUTO

 

El Parlamento catalán aprobó ayer, tras 18 meses de arduas negociaciones, el tercer Estatuto de autonomía en la historia reciente de la comunidad. Comienza ahora la búsqueda del consenso en las Cortes, que se prevé complicada por la inclusión en el texto de conceptos de dudoso encaje constitucional, como los que siguen: Cataluña es una nación: principio contenido en el Preámbulo, un apartado sin aplicación jurídica.

Las competencias de Cataluña son 'blindadas' mediante una fórmula que le atribuye «de manera íntegra y excluyente» las potestades legislativa, reglamentaria y ejecutiva.

Cataluña asume la gestión de los servicios del régimen económico de la Seguridad Social, lo que a juicio del PP rompe la 'caja única'.

Participación de las selecciones deportivas catalanas en competiciones internacionales.

Reforma Judicial: se crea el Consell de Justicia de Catalunya, descentralizado del CGPJ; el Tribunal Superior de Justicia se convierte en la última instancia en la comunidad; el catalán será obligatorio para ser magistrado.

La Generalitat tendrá la potestad de determinar las competencias de los poderes locales.

El Ejecutivo catalán participará, e incluso presidirá, todas las delegaciones españolas ante la Unión Europea que traten asuntos de su competencia.

Sistema de financiación: la Generalitat gestionará, recaudará, liquidará e inspeccionará todos los impuestos (tanto estatales como propios) de Cataluña a través de su propia agencia tributaria, y aportará después al Estado una cantidad en concepto de servicios prestados y como contribución a la solidaridad.

EL CORREO

Sábado, 1 de Octubre de 2005

CHAVES RECHAZA EL PROYECTO Y PONE SU VISTA EN EL CONGRESO

 

Las voces discordantes con el proyecto de Estatut que ya habían surgido en el PSOE durante los últimos meses afloraron ayer con más fuerza tras la votación del Parlamento catalán. Significados dirigentes socialistas expresaron su rechazo al proyecto y su confianza en que sufra modificaciones sustanciales en el Congreso. Entre ellos, el propio presidente del PSOE, Manuel Chaves, quien dijo hablar, eso sí, como presidente de la Junta de Andalucía. Chaves reconoció no estar «de acuerdo», al tiempo que expresó su convencimiento de que la Cámara baja es la «máxima garantía de que todos los estatutos serán constitucionales en la línea de garantizar la cohesión».

Mucho más concreto, el responsable de Política Municipal del PSOE, Álvaro Cuesta, descendió al detalle y recordó que, en materia de financiación, «no caben mecanismos bilaterales» entre comunidades autónomas y Estado.

Otros líderes socialistas utilizaron un lenguaje más contundente. Es el caso del madrileño Rafael Simancas, quien tachó el nuevo Estatut de «inaceptable» porque «vulnera los derechos constitucionales del conjunto de los españoles».

El 'histórico' Alfonso Guerra insistió en la inconstitucionalidad del término 'nación' aplicado a Cataluña y auguró una negociación «complicada» en la Cámara baja. Por el contrario, el ministro Juan Fernando López Aguilar dijo en clave pragmática que el uso del término '«nación» «no nos debe preocupar siempre y cuando no perjudique ni a la soberanía española ni a la igualdad de derechos fundamentales».

En medio de la controversia, Juan Barranco puso el punto de optimismo. Aunque el ex alcalde de Madrid auguró «muchas discusiones» en el seno del PSOE, al final, dijo, se acordará «una posición homogénea».

EL CORREO

Sábado, 1 de Octubre de 2005

«ESCÚCHANOS, QUE NOS ENTENDEREMOS», DICE MARAGALL COMO «MENSAJE A ESPAÑA»

P. Soto/Colpisa

Los partidos catalanes se conjuran para defender el Estatut en Madrid

 

BARCELONA - El pleno del Parlamento de Cataluña aprobó ayer un nuevo Estatuto de autonomía para la comunidad, el tercero en su historia reciente. El legislativo autonómico aceptó el texto por una amplia mayoría, muy superior al mínimo legal necesario: 120 votos a favor, procedentes de CiU, socialistas, ERC e Iniciativa per Catalunya, y sólo 15 en contra, salidos de la bancada del PP catalán. Terminada la sesión, y para darle toda la solemnidad posible, el hemiciclo entero se puso en pie para cantar 'Els Segadors', el himno catalán. Después, en pasillos y salones corrió el cava.

En declaraciones a los periodistas, el presidente de la Generalitat, visiblemente eufórico, quiso enviar un un «mensaje a España» y para ello parafraseó a su abuelo, el poeta Joan Maragall: «Escúchanos, que nos entenderemos». El abuelo del presidente catalán escribió en 1898 un histórico poema titulado 'Oda a Espanya' en que decía: «Escucha, España / la voz de un hijo que te habla en lengua / no castellana».

Pasqual Maragall reconoció que «la batalla del Estatuto está ahora en manos de los ciudadanos españoles», pero en su intervención final ante los diputados catalanes mostró su confianza en que será aceptado, incluido el carácter de nación otorgado a Cataluña. Incluso, apuntó, contribuirá a «cambiar» España en un Estado federal gracias al nuevo modelo de solidaridad territorial que, en su opinión, la propuesta catalana supone.

«La paz en Euskadi y el Estatuto de Cataluña son las pruebas de fuego de la España de hoy, y las ganaremos, y nuestro pueblo lo celebrará», aventuró Maragall, que cerró su intervención con una alusión al mítico viaje a Ítaca referida al futuro del proyecto estatutario: «Buen viento y en barca nueva».

Las expresiones de euforia que, con la excepción del Grupo Popular, protagonizaron ayer los parlamentarios catalanes no velaron la sombra que cubrió todas las sonrisas: el futuro del Estatuto, desde ayer, queda fuera del control catalán, y eso preocupa. En su turno de explicación de voto, Artur Mas hizo un llamamiento al conjunto de los partidos catalanes para «conjurarse» y «hacer respetar» el texto en las Cortes Generales, porque «Cataluña no ha dado nunca la espalda a España y ahora tenemos que procurar que España no nos dé la espalda a nosotros». Según el líder de CiU, «Cataluña ha hablado con la voz clara y alta, y eso ahora lo tenemos que hacer valer en Madrid».

«Fraternal y federal»

La socialista Manuela de Madre defendió en su discurso una nueva idea de España como «red solidaria» entre sus diversos pueblos y territorios, que buscan «una España fraternal y federal» y «aspiran a seguir abrazándose entre todos los pueblos de España».

Josep Lluís Carod-Rovira, que lanzó vivas a «la nación catalana libre», consideró que la aprobación del proyecto de Estatuto es un primer paso hacia «un estadio legítimo, el Estado catalán», y «un paso gradual hacia la soberanía». El líder de ERC señaló que «necesitamos este Estatuto y nadie tiene derecho de impedirlo», porque con este nuevo marco de autogobierno «gana toda Cataluña, no un partido, un político, un país, una gente».

En nombre de ICV-EUiA, Joan Saura defendió la «voluntad» de Cataluña de «pactar con el Estado y de que la bilateralidad tome fuerza».

EL CORREO

Sábado, 1 de Octubre de 2005

EL PP PIDE ELECCIONES ANTICIPADAS SI EL ESTATUTO CATALÁN NO SE TRAMITA COMO UNA REFORMA CONSTITUCIONAL

Magis Iglesias/Colpisa

Acebes sostiene que el proyecto aprobado «abre el camino de la secesión»

 

MADRID - El Partido Popular exige que José Luis Rodríguez Zapatero disuelva las Cortes y convoque elecciones anticipadas para que los españoles se pronuncien sobre el Estatuto de Cataluña si éste no es tramitado en el Parlamento como una reforma de la Constitución, lo que requeriría una mayoría muy cualificada para su aprobación. El secretario general de los populares, Ángel Acebes, dijo ayer que se trata de una propuesta que altera las reglas del juego establecidas por la Carta Magna y pidió que los españoles decidan antes de que el Congreso debata su admisión a trámite.

Según el 'número dos' del partido de la oposición, los ciudadanos españoles deben ser llamados a las urnas «antes de que se tomen decisiones irreversibles». «Esto no es una reforma estatutaria, es una Constitución para Cataluña», dijo Acebes en rueda de prensa. En este sentido, apuntó que la propuesta estatutaria tendrá consecuencias no sólo para los catalanes, sino para todos los españoles porque «incluye cambios en las reglas del juego constitucionales».

El dirigente del PP recordó que las comunidades autónomas tienen capacidad para enviar a las Cortes Generales reformas de la Constitución (art. 87.2) cuyo trámite está especialmente establecido en la Carta Magna (art. 167). La principal diferencia estriba en que una reforma estatutaria puede ser aprobada en las Cortes Generales por mayoría absoluta -que reúne el PSOE con sus socios- mientras que un cambio constitucional exige el voto de tres quintos de los diputados y senadores, para lo que resultaría imprescindible la connivencia del PP.

Es más, en el caso de que la reforma constitucional afectara a determinados títulos o capítulos de la Constitución, sería imprescindible la disolución de las Cortes. El PP cree que incurre en este supuesto, al menos, la denominación de nación para Cataluña que incluye la proposición del Parlament.

Para Acebes, el nuevo Estatuto catalán «es más preocupante y más grave que el plan Ibarretxe», porque, dijo, llega bajo los auspicios del presidente del Gobierno -al que culpa de la incorporación al texto del reconocimiento de nación para Cataluña- y con los votos de los socialistas. «Por primera vez en las páginas de nuestra historia asistimos a que un presidente del Gobierno ha azuzado a una comunidad autónoma para separarse de España», dijo. El PP, insistió Acebes, contempla el nuevo Estatut como «la ruptura del consenso constitucional», «el fin de la igualdad de los españoles» y «un paso decisivo» para que Cataluña se convierta en un estado independiente.

«Nacionalista»

En la misma clave, el líder de los populares catalanes, Josep Piqué, indicó ayer en Barcelona que el nuevo Estatut es un proyecto «nacionalista» que busca un «distanciamiento entre Cataluña y el resto de España». Asimismo, insistió en que se trata de un marco «profundamente intervencionista y profundamente ofensivo para muchos ciudadanos» porque configura un «modelo social» que no es compartido por todos los ciudadanos».

La Generalitat valenciana, gobernada por el PP, no sólo comparte estos mensajes , sino que ha dado un paso más adelante al anunciar que recurrirá «a todas las instancias a las que legalmente» pueda si las Cortes Generales ratifican la reforma del Estatuto catalán.

EL CORREO

Sábado, 1 de Octubre de 2005

LOS PARTIDOS VASCOS RECLAMAN RESPETO A LA VOTACIÓN DEL PARLAMENT

Sólo San Gil exige que el Congreso rechace el texto

 

Los partidos vascos, salvo el PP, coincidieron ayer en pedir respeto a los acuerdos de Parlamento catalán sobre el nuevo Estatuto. La portavoz del Ejecutivo de Ibarretxe, Miren Azkarate, expresó su satisfacción por el pacto alcanzado en Barcelona y opinó que «las Cortes deberían respetarlo en su integridad, igual que las futuras decisiones que adopte la Cámara de Vitoria». Asimismo, añadió que «confiamos en que el presidente del Gobierno cumpla su palabra».

También el portavoz de la ejecutiva del PNV, Iñigo Urkullu, recordó las palabras de Zapatero en favor del «respeto a la voluntad» del Parlamento de Cataluña. Urkullu agregó que «ya nos gustaría que se tuviera la misma consideración para el Parlamento de Euskadi». El dirigente nacionalista destacó que el plan Ibarretxe se aprobó en la Cámara de Vitoria «con el apoyo de formaciones nacionalistas y no nacionalistas, como es el caso de EB».

El secretario general del PSE-EE, Patxi López, también pidió «respeto a la decisión» adoptada en Cataluña. «Mientras tanto -dijo- tenemos que mantener una actitud serena y responsable, respetando las decisiones del Parlamento, pero exigiendo también respeto al trabajo del Congreso de los Diputados, que es donde reside la soberanía de todos los españoles». A partir de ahora, «esta propuesta, si no lo está, tendrá que ser adaptada a la realidad de la España constitucional».

Por su parte, la presidenta de EA, Begoña Errazti, pidió al PSOE un mismo trato a la hora de pronunciarse sobre las reformas estatutarias aprobadas por «decisión soberana» de los parlamentos autonómicos. Igualmente, el portavoz de la presidencia de Ezker Batua, Mikel Arana, instó al presidente Zapatero a que «cumpla su palabra» y respete «la voluntad mayoritaria del Legislativo de Cataluña».

Por contra, el coportavoz de Batasuna Joseba Permach consideró que el acuerdo en Cataluña «no es equiparable» al País Vasco, ya que, a su juicio, «Euskadi no necesita un Estatuto nuevo».

Desde el PP, su presidenta, María San Gil, afirmó que espera que el Congreso «actúe con la misma firmeza y contundencia democrática que con el plan Ibarretxe» y rechace el Estatuto aprobado en el Parlamento catalán.

Gran Despliegue en DEIA

Por Narrador - 16 de Octubre, 2005, 3:17, Categoría: Información en la Prensa

Hay que amplificar, Cataluña abre el camino del País Vasco. Desde esta perspectiva no debe extrañar, ni siquiera sorprender, a nadie la cobertura y el enfoque que da el periódico del PNV.

DEIA

Sábado, 1 de Octubre de 2005

CATALUNYA APRUEBA UN ESTATUT QUE DEBERÁ DEFENDER EN MADRID 

Silvia Núñez (Enviada especial a Barcelona)

El president Pasqual Maragall se muestra convencido de que el texto «será aprobado en las Cortes» 

  

La tensión del jueves dio paso ayer a la euforia en el Parlament. Los 120 apoyos de CiU, PSC, ERC e ICV-EUiA dieron luz verde a la reforma del Estatut que, a partir de ahora, deberá superar el siguiente trámite en Madrid.

Será, con toda probabilidad, el principal obstáculo que se encontrará la propuesta. Lo saben los diputados que ayer celebraban la victoria en los pasillos de la Cámara. Es por ello que el presidente del Gobierno español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, fue probablemente uno de los más parafraseados. No en vano, en la mente de todos está el compromiso hecho público hace ya dos años cuando, en plena campaña electoral, se dirigió a Pasqual Maragall asegurándole que «me comprometo a apoyar el Estatuto que apruebe el Parlamento catalán».

Así lo esperan todos los representantes del tripartito y de CiU, incluido el president de la Generalitat. Maragall aprovechó su histórica intervención en la tribuna para mostrar su convencimiento de que el texto «será aprobado en las Cortes de Madrid». Todo ello pese a reconocer la «incomodidad» que puede generar la propuesta en el Estado.

Consciente de las piedras que, en su camino, se encontrará esta reforma, no sólo en las filas del PP, sino también entre los dirigentes de su propio partido, hizo una alusión a la unidad de España. «La mejor defensa de la unidad de España es la libre decisión de las comunidades a estarlo en base a un reconocimiento previo de su personalidad», afirmó. El president de la Generalitat fue quien cerró el pleno de ayer que vivió el momento más emotivo cuando todos los parlamentarios sin excepción comenzaron a cantar "Els segadors", himno catalán.

Así despidió la reforma del Estatut su primer trámite. La cuestión está ahora en saber si logrará el mismo consenso en Madrid. Desde el Parlament catalán no quieren alargar la espera. Por ello, harán entrega del documento el próximo miércoles. Así lo anunció el presidente de la Cámara, el republicano Ernest Benach, que llevará en persona la propuesta a su homólogo en el Congreso, Fernando Marín.

A partir de entonces, la Mesa deberá reunirse para estudiar el contenido de la reforma estatutaria y, así, decidir si la toma en consideración o paraliza el proceso, como se hizo con el Estatuto vasco. Una vez admitido a trámite, se celebrará un pleno -que tendrá lugar en noviembre- y dará paso a la Comisión Paritaria que estudiará el texto punto a punto. Ponencias y plenos en el Congreso y el Senado -donde el PP tiene mayoría- prosiguen en este arduo camino que, si todo va bien, concluirá con un referéndum en Catalunya. Sería el último paso que, por fin, permitiría sustituir el actual Estatut de 1979 por el ratificado en la mañana de ayer.

Pero mientras se desarrolla este largo proceso, el sentimiento de los políticos catalanes es el del deber cumplido. El dirigente de CiU, Artur Mas, mostró ayer su satisfacción por el consenso alcanzado, al igual que lo hicieron los representantes de PSC, ERC e ICV-EUiA. 

Pique: «Catalunya se aleja de España» 

Sólo el PPC rechazó el texto Sólo los 15 diputados del PPC votaron contra la reforma en el histórico pleno. La razón esgrimida por su líder, Josep Piqué, fue la unidad de España. No en vano, acusó al PSC de alejar Catalunya de España.

DEIA

Sábado, 1 de Octubre de 2005

PRINCIPALES CAMBIOS 

 

Nación. El reconocimiento de Catalunya como nación es el primer artículo de los 227 aprobados ayer por el Parlament catalán. En el Estatut vigente se define como nacionalidad.

Competencias. Tan importante como la ampliación de las competencias catalanas es su ""blindaje"", que busca evitar intromisiones del Gobierno de Madrid. Para ello, el título IV propuesto incluye un párrafo que no sólo describe detalladamente los ámbitos que competen al Ejecutivo catalán, sino que también subraya que ""las competencias exclusivas de la Generalitat también serán íntegras y excluyentes"".

Financiación. El sistema de financiación propuesto se basa en tres pilares: la bilateralidad de la relación Generalitat-Estado, la solidaridad con las comunidades autónomas menos desarrolladas y una amplia autonomía fiscal, que incluye una Agencia Tributaria propia con capacidad para recaudar impuestos.

Poder judicial. Como gran novedad en el título III (poder judicial), se crea el Consejo de Justicia de Cata-lunya, ""órgano de gobierno del poder judicial"" del territorio que actúa como ""órgano desconcentrado"" del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Enseñanza laica. El título I alude al carácter ""laico"" de la enseñanza pública, si bien presiones de CiU forzaron a incluir en el texto el derecho a recibir formación religiosa, también en los centros escolares públicos.

Aborto y eutanasia. Entre los artículos de nueva incorporación, el Estatut aprobó ayer establecer el derecho de la mujer ""al propio cuerpo"", en una eufemística alusión al aborto. Asimismo, se hace referencia al derecho a la muerte digna.

Catalán obligatorio. El nuevo Estatut equipara el catalán al castellano al considerarlo una lengua de obligado conocimiento.

DEIA

Sábado, 1 de Octubre de 2005

ACEBES AFIRMA QUE EL NUEVO ESTATUT ES «MÁS PELIGROSO» QUE EL PLAN IBARRETXE 

José Luis B. Benayas

El PP considera que debe tramitarse como una propuesta de reforma constitucional 

 

Madrid  - El Secretario General del PP, Ángel Acebes, emitió ayer toda clase de desaprobaciones a la propuesta de reforma del Estatut de Catalunya una vez conocido que únicamente los "populares" votaron en contra del proyecto en la Cámara catalana. Para Acebes, el texto debe tramitarse «como una reforma constitucional», o si no, el presidente del Gobierno español debe proceder a disolver las Cámaras y convocar nuevas elecciones. El nuevo estatuto «es aún más peligroso» que la propuesta de reforma del lehendakari Juan José Ibarretxe.

Para el PP, el texto que ayer se aprobó contiene «casi cincuenta» aspectos que no se ajustan a la Constitución, lo que le acerca al Plan Ibarretxe. Esta vez, es incluso «más peligroso» ya que viene «con el voto afirmativo de los socialistas y el respaldo del presidente del Gobierno». El nuevo estatuto «es una Constitución para Catalunya y pretende desde allí reformar la Constitución de todos los españoles». Por eso, debe tramitarse como reforma constitucional. Además, es un modelo «de libre asociación», en base a aspectos como los derechos históricos, el blindaje de competencias o la fiscalidad.

«Creemos que todos los españoles deberíamos ser consultados antes de que el Congreso de los Diputados tome algunas decisiones que sean irreversibles», explicó, «porque esto es un proceso de separación territorial para que Catalunya sea un Estado y nos afecta a todos». Para el PP, «es un cambio del modelo de España». Acebes explicó que el PP retiraría de inmediato su petición de disolución de las cortes si el Ejecutivo se compromete bien a llevar a cabo la tramitación como una reforma de la Constitución, o bien como Estatuto mientras no se admita a trámite, tal y como pasó el pasado mes de diciembre con la propuesta de reforma del Estatuto de Gernika.

Siguiendo en la línea de las declaraciones de José María Aznar, quien habló de la cercanía de un cambio de régimen, Acebes explicó que «por primera vez» es un presidente del Gobierno «quien ha azuzado a una comunidad autónoma a que se separe de España». Incluso llegó más allá y llegó a afirmar que el texto aprobado ayer en Catalunya rompe con el modelo de la transición.

El secretario general de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, contestó a Acebes diciendo que sus palabras suponen una «falta de respeto» a la democracia y ponen de manifiesto que en el PP «pesa más el pasado que el futuro». Duran señaló que «un partido que tiene por costumbre situar extramuros de la Constitución a quienes no piensan como ellos debería saber que precisamente el Tribunal Constitucional, cuando el Gobierno del PP intentó impedir la tramitación del Plan Ibarretxe, dejó claramente sentado su doctrina en el sentido de que el Parlamento no es quien para determinar cuestiones de constitucionalidad». Recalcó además que discutir un Estatut es un debate político y que en el Parlamento se pueden discutir todas las propuestas «sin perjuicio de que una vez aprobadas se consideren inconstitucionales».

DEIA

Sábado, 1 de Octubre de 2005

EL GOBIERNO VASCO MUESTRA SU SATISFACCIÓN CON CATALUNYA POR LA APROBACIÓN DEL ESTATUT 

G. Forner/Agencias

La portavoz del Gobierno, Miren Azkarate, fue la encargada de leer la declaración institucional 

 

Gasteiz/Bilbao - Los grupos políticos que forman el Gobierno vasco expresaron ayer su satisfacción por el acuerdo adoptado en el Parlamento catalán para caminar hacia un nuevo Estatut y, en opinión de Miren Azkarate, «las Cortes deberían respetarlo en su integridad, igual que las futuras decisiones que adopte la Cámara de Vitoria». El resto de formaciones vascas fueron menos proclives a la alegría. Así, el PSE-EE recordó que el Estatut catalán se encuentra en el primer trámite y Batasuna recordó que «la situación de Euskal Herria no pasa por un nuevo Estatuto».

La portavoz del Gobierno, Miren Azkarate, compareció en Gasteiz para dar lectura a una declaración institucional relacionada con el Estatut. Según Azkarate, «el Gobierno vasco se alegra sinceramente, se alegra mucho del consenso tan amplio alcanzado en Catalunya en torno a la propuesta de la reforma del Estatut, del nuevo Estatut hacia el que quieren caminar».

En opinión del Ejecutivo vasco, el acuerdo adoptado para reformar el texto catalán supone «una expresión democrática, una expresión que define a Catalunya como nación» y, a su juicio, «esta decisión tomada por tan amplia mayoría en el Parlament debería respetarse en su integridad en el debate posterior que se dé en las Cortes, igual que deberían respetarse las futuras decisiones que adopte el Parlamento vasco».

Es decir, «lo que hemos defendido, que las decisiones aprobadas por los parlamentos correspondientes deberían ser respetadas como expresión de la voluntad de las sociedades a las que representan, también en el Congreso». Desde ese punto de vista, «confiamos en que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cumpla su palabra», concluyó Azkarate.

El presidente del Bizkai Buru Batzar, Iñigo Urkullu, recordó las palabras de Zapatero en favor del «respeto a la voluntad» del Parlamento de Catalunya y añadió que «si esto es así, ya nos gustaría la misma consideración» para la Cámara vasca, «en la medida en que se aprobó, también con la mayoría absoluta requerida, una propuesta de nuevo Estatuto Político».

Por su parte, el portavoz de Ezker Batua, Mikel Arana, mostró su satisfacción por la aprobación del Estatut e instó al presidente Zapatero a que «cumpla su palabra» y respete «la voluntad mayoritaria del Legislativo de Catalunya».

El portavoz de Batasuna Joseba Permach consideró que el acuerdo sobre el Estatut responde a una situación política que «no es equiparable» a la de Euskadi, ya que, a su juicio, «Euskadi no necesita un Estatuto nuevo». «Nadie puede pensar que la solución al conflicto que enfrenta al Estado español con Euskal Herria pasa por un nuevo Estatuto», sino por «el reconocimiento explícito de que el pueblo tiene derecho a decidir su futuro», añadió.

El secretario del PSE-EE, Patxi López, pidió «respeto a la decisión del Parlament» pero afirmó que «no es el momento para declaraciones altisonantes, ya que estamos en la mitad de un proceso que tendrá su fin cuando las Cortes españolas se pronuncien definitivamente».

DEIA

Sábado, 1 de Octubre de 2005

JORDI PUJOL ASEGURA QUE «SE ABRE UNA NUEVA ETAPA» TRAS LA APROBACIÓN DE «UN BUEN ESTATUT» 

Carlos C. Borra

Los partidos catalanes reconocen que es un texto «atrevido», y fijan sus miradas en Madrid 

  

Bilbao  - La de ayer fue una jornada de felicitaciones y palmadas en la espalda entre los grupos políticos catalanes que, de forma casi unánime, celebraron por todo lo alto la aprobación del nuevo modelo de Estatut. Olvidados ya los tecnicismos y cuestiones farragosas que tanto ha costado consensuar, y tras un parto especialmente difícil, el pleno aprobatorio del Parlament celebrado ayer tuvo una carga especialmente simbólica para muchos mandatarios, veteranos y recién llegados al ruedo político.

Entre los primeros destaca especialmente el ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol, quien felicitó ayer al presidente de la Generalitat Pasqual Maragall y al presidente de CiU Artur Mas por haber pactado «un buen Estatut», con el que Pujol cree que se abre «una nueva etapa» para Catalunya.

Pujol dijo que el de ayer fue para él un día «de júbilo y alegría como catalán, como presidente de Catalunya durante muchos años y como nacionalista». Recordó que el pacto sobre el nuevo Estatut «era muy difícil» y en algunos momentos ha estado «en peligro».

Tras destacar la «contribución absolutamente decisiva de CiU levantando el techo» de las reivindicaciones en el modelo de financiación, Pujol dijo que «hacía falta que lo hicieran bien y lo han hecho. De aquí no tenía que salir simplemente un nuevo Estatut, porque ello habría sigo un autogol, sino un buen Estatut. Se ha hecho y estoy contento».

El final de una etapa

La importancia de la figura de Pujol fue especialmente recordada ayer por políticos como el presidente de ICV-EA y conseller de Relaciones Institucionales y Participación, Joan Saura, quien agradeció «el papel de CiU y en concreto de Jordi Pujol, que ha sido decisivo a la hora de hacer este Estatut».

«El paso que hoy damos», admitió, «no lo podríamos haber dado sin la existencia en estos 23 años de un autogobierno potente». Pero añadió que «posiblemente, si no se hubiera producido un cambio político en Catalunya no habría Estatut», porque éste es un «eje central» del Ejecutivo.

Pero una etapa, sin duda fundamental, ha sido cerrada, y se inicia ahora otra en la que, según el mismo Saura, «hay que explicar a los catalanes la repercusión social del proyecto estatutario recién aprobado». En lo que al futuro se refiere, sin embargo, todas las miradas apuntan hacia Madrid y en la suerte que correrá el nuevo texto en su tramitación en el Congreso.

En este sentido, la presidenta del PSC en el Parlament, Manuela de Madre, afirmó su partido ha votado ""sí"" al proyecto estatutario «para ganar el Estatut también en las Cortes, no sólo en el Parlament». De forma bastante pragmática, el consejero primero de la Generalitat, Josep Bargalló, reconoció que el texto aprobado es «atrevido», aunque expresó su confianza en que el Congreso de los Diputados aceptará el Estatuto por que «respeta» los límites impuestos por la Constitución.

DEIA

Sábado, 1 de Octubre de 2005

LA GENERALITAT VALENCIANA RECURRIRÁ EL ESTATUT SI EL CONGRESO LE DA FINALMENTE EL VISTO BUENO 

Según el vicepresidente del Gobierno valenciano, Víctor Campos, el recurso pretende evitar que existan «comunidades de primera y de segunda» 

 

Valencia/Sevilla - El Gobierno de la Generalitat valenciana recurrirá a «todas las instancias a las que legalmente» pueda para defender «los intereses de los valencianos» si las Cortes Generales del Estado ratifican la reforma del Estatuto de Catalunya aprobada ayer en el Parlamento catalán.

Así lo anunciaron en una rueda de prensa el vicepresidente del Gobierno de la Generalitat, Víctor Campos, quien advirtió que el ejecutivo valenciano no va a permitir que se apruebe un «modelo de financiación y de fiscalidad» que favorece que existan «comunidades de primera y comunidades de segunda».

«Los ciudadanos de la Comunidad Valenciana no estaremos quietos si desde otra comunidad se pretende tener ventajas en la financiación y, por tanto, ventajas en la prestación de servicios, en detrimento de otras comunidades», añadió. Para Víctor Campos, el texto aprobado ayer evidencia que algunos «buscan privilegios y beneficios que no les importa que no tengan otros».

El Gobierno de la Generalitat valenciana va a exigir que el marco de financiación autonómico recogido en la Constitución «no se rompa unilateralmente por la presión de ningún partido nacionalista ni por la presión de grupos que gobiernen en una comunidad».

Respeto mutuo

El resto de opiniones fue de lo más variopinto, resultando difícil discernir entre las mismas las valoraciones personales del acatamiento a la disciplina del partido que corresponda, si es que ésta existe. De este modo, el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, dijo sobre la reforma del Estatuto de Cataluña que ahora que se habla tanto de «blindar» ciertas cosas, «si hay algo que se debe blindar es la Constitución».

El presidente del Gobierno aragonés, Marcelino Iglesias, mostró su respeto al Parlamento catalán, pero añadió, acto seguido, que «el mismo respeto se debe tener» por las decisiones que tome el Congreso. Siguiendo la tónica de gran parte de las declaraciones de ayer, reconoció que «puede haber cosas» que hay que ajustar, cosas «de las que podemos discrepar», por lo que habrá que estar «a lo que decida el Parlamento español», porque «ése es el equilibrio».

Finalmente, la vicepresidenta de Cantabria y secretaria general del PSC-PSOE, Lola Gorostiaga, afirmó que «sería lamentable» que Catalunya «no aprovechara esta oportunidad».

DEIA

Sábado, 1 de Octubre de 2005

EN LAS CALLES CATALANAS, OPTIMISMO Y CURIOSIDAD 

Silvia Núñez (Enviada especial a Barcelona)

Los catalanes acogen la noticia de la reforma con optimismo aunque son pocos los que aseguran conocer el contenido del texto 

 

Mientras los políticos tardaban horas en acordar los términos del nuevo Estatut, los catalanes seguían el debate con optimismo a pesar de que, la mayoría, reconoce desconocer el contenido del texto.

«Claro que es una buena noticia pero no creo que vaya a cambiar mi día a día ni el de nadie», asegura Cristina, una camarera que trabaja en el barrio antiguo de Barcelona. Su compañero, Francesc, también celebra la aprobación del Estatut aunque asegura no tener «ni idea» de lo que ayer aprobaron los parlamentarios.

Tampoco conoce el texto Llum, una taxista de la capital catalana que, no obstante, muestra abiertamente su alegría ante el acuerdo político. «Aún es pronto pero seguro que cuando llegue el referéndum harán una campaña informativa en condiciones y todos nos enteraremos», confía.

Menos optimista se muestra Alex, un vecino de Tarragona quien dice desconocer, no sólo el nuevo Estatuto sino también el actual. «Después de estos días creo aún menos en la política, han estado discutiendo de espaldas a los ciudadanos, ni nos han informado ni nos han preguntado», se queja. Eso sí, destaca el consenso logrado el pasado jueves: «pocas veces se ponen tan de acuerdo los políticos así que supongo que el nuevo Estatuto servirá para mejorar».

Algo más enterada está Laia. Ella estudia Ciencias Políticas y ha seguido el proceso desde el principio. De todos los títulos del documento destaca el referido a la lengua catalana. «Ya es hora de que se reconozca el catalán, que estoy harta de que los jueces y algunos funcionarios me obliguen a hablar castellano», afirma contundente.

Precisamente ése es el tema que preocupa a Vanesa, una inmigrante ecuatoriana que prevé problemas tras el paso de ayer. «No sé exactamente lo que ha pasado, sólo sé que ahora el catalán va a ser obligatorio y será más difícil todavía encontrar trabajo», teme.

«¿Para qué?»

En el tren que une Barcelona a Port Aventura la preocupación es bien distinta. Ajenas a los extranjeros que estos días inundan el parque temático, dos trabajadoras cuestionan la finalidad del debate. «Se han pasado dos años discutiendo pero, ¿para qué?», dice una de ellas. «Seguro que cuando llegue a Madrid, Zapatero y los suyos lo paralizan», adelanta la otra.

DEIA

Sábado, 1 de Octubre de 2005

DE LA VEGA EXPLICA QUE «PODRÁ HABER RETOQUES» EN EL ESTATUT 

J. L. B. Benayas

La dirigente socialista recordó que el texto catalán responde a «un amplio consenso» 

 

Madrid - La vicepresidenta primera del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, manifestó ayer tras conocerse la aprobación de la propuesta de reforma del Estatut que el presidente español «está dispuesto» a apoyar la reforma, siempre y cuando se ajuste a la Constitución. Para el gobierno se inicia ahora una segunda fase, la parlamentaria, en la que «habrá que estudiar, que analizar con respeto» si, además del «amplio consenso» que se exigía, la propuesta se ajusta «de la A a la Z» a la Carta Magna.

Fernández de la Vega admitió, por tanto, que pueden existir puntos susceptibles de ser retocados. Para la portavoz del gobierno, es «habitual y normal» que «puedan retocarse aspectos que contengan datos de inconstitucionalidad». «Acaba de concluir la primera etapa y el parlamento catalán ha aprobado un texto con un elevado apoyo», manifestó, dando a entender que el primero de los criterios por los cuáles Zapatero permitía la reforma de los estatutos, sí se ha cumplido.

De la Vega solicitó que la segunda fase «se produzca con respeto y máximo rigor constitucional». «El presidente siempre ha dicho lo mismo: apoyo, sí, y Constitución también». Tras explicar que a lo largo de la reunión en el Consejo de Ministros apenas se había producido «un pequeño debate» en torno a la cuestión, la vicepresidenta quiso resaltar la «importancia» de la propuesta catalana, la segunda que entrará en el Congreso de los Diputados tras la de Valencia.

Normalidad democrática

Las palabras del Secretario General del PP, Ángel Acebes, acerca de que la propuesta catalana debe tramitarse como una reforma de la Constitución o, en caso contrario, deben convocarse elecciones anticipadas, son para De la Vega prueba evidente de su «desconocimiento de los usos y costumbres democráticos».

«Una reforma estatutaria forma parte de la normalidad democrática», añadió, explicando que existen «cauces suficientes» en el Estado de Derecho para abordar la propuesta que «tenemos encima de la mesa». Las palabras de Acebes son, por tanto, «drásticas».

Lo que no quiso valorar la vicepresidenta española, antes de que el texto catalán entre en el Congreso, son algunos de los puntos más polémicos, como la financiación o la denominación de ""nación"" para Catalunya. «Vamos a analizar y respetar algo que viene con consenso», manifestó, ya que el gobierno «está dispuesto a negociar, a escuchar».

DEIA

Sábado, 1 de Octubre de 2005

CHAVES RECHAZA EL ESTATUT Y ESPERA QUE EL CONGRESO GARANTICE SU CONSTITUCIONALIDAD 

El presidente andaluz asegura que «no garantiza la cohesión territorial de España» 

 

El presidente del PSOE y de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, afirmó ayer que no está de acuerdo con el nuevo Estatut catalán y recordó que el Congreso de los Diputados «es la garantía» de que las reformas estatutarias sean «constitucionales».

El dirigente socialista explicó que «como presidente de la Junta de Andalucía no estoy de acuerdo» con el texto catalán. En este sentido y, pese que afirmó «que no haría más comentarios» sobre esta cuestión, añadió que «la soberanía nacional, que radica en el Congreso de los Diputados, es la garantía de que todos los estatutos que están siendo objeto de reforma en España van a ser constitucionales, solidarios y en la línea de garantizar la cohesión y el equilibrio en España». El presidente de Andalucía recordó que estarán «en la línea de garantizar la cohesión y los equilibrios territoriales en España».

Rechazo en el pasado

Aunque Chaves no quiso profundizar ayer en los motivos por los que se opone al nuevo Estatut de Catalunya, durante los últimos meses el presidente andaluz ya ha venido manifestando su rechazo a éste.

El dirigente socialista había explicado que se oponía al uso del concepto "nación" como forma de denominar a las comunidades autónomas en sus respectivos textos. Así, Chaves había mostrado su rechazo al establecimiento de mecanismos bilaterales de financiación autonómica que, a su juicio, puedan poner en cuestión el principio de solidaridad o crear privilegios para ciertos territorios.

DEIA

Sábado, 1 de Octubre de 2005

CURIOSIDADES 

Una celebración regada con cava y aperitivos

Todos los grupos parlamentarios celebraron la aprobación del proyecto de Estatut en el Parlament con copiosos aperitivos, cava o comidas. Así, el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, compartió copa de cava con los diputados socialistas en las dependencias de su grupo, mientras que en CiU organizaron una comida en la Vila Olímpica. En ERC optaron por un abundante aperitivo y el cava en el Parlament, y en ICV-EA la celebración consistió en un almuerzo.

Un Estatut histórico y firmado por sus ""padres""

El diputado del PSC Juan Manuel Jaime se hizo ayer con un ejemplar del proyecto de nuevo Estatut que firmaron el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, el presidente de CiU, Artur Mas, y el presidente de ERC, Josep Lluís Carod-Rovira. Después lo suscribió también el presidente de ICV, Joan Saura.

Las nuevas tecnologías, al servicio del Estatut

La propuesta de nuevo Estatut ya está disponible en internet en una versión compatible para móviles y agendas electrónicas, en formato eReader. El texto puede ser bajado en el sitio web www.canalpda.com y se puede consultar con los programas gratuitos para móviles Palm OS, Windows Mobile y Symbian, así como para ordenadores con sistemas operativos Windows y OSX.

Prisas en marcharse tras la obligada foto oficial

Tras la foto oficial, que se hizo frente al despacho de Ernest Benach inmediatamente después del pleno, el primero en irse de ese punto del Parlament fueron el líder del PPC, Josep Piqué, que también había sido el primero en llegar.

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