Crítica Moderada en EL CORREO

Por Narrador - 16 de Octubre, 2005, 4:16, Categoría: Información en la Prensa

La cabecera de Vocento expresa su oposición a la reforma del ‘Estatut’, o más bien los problemas que éste plantea.

EL CORREO

Sábado, 1 de Octubre de 2005

EL GOBIERNO CREE QUE SERÁ PRECISO RETOCAR EL ESTATUT PARA SU ENCAJE CONSTITUCIONAL

Ramón Gorriarán/Colpisa

De la Vega aclara que el respeto al texto no impide modificar aspectos que vulneren la Carta Magna «Vamos a negociar» los cambios con las fuerzas catalanas, asegura

 

MADRID - El Gobierno proclamó ayer su «respeto» por la reforma del Estatuto aprobada por el Parlamento de Cataluña, pero exigió que tras su tramitación en las Cortes sea «acorde con la Constitución de la 'a' a la 'z'». Una forma de decir, como reconocieron fuentes gubernamentales, que el texto con su actual redacción no cumple los requisitos constitucionales. El Ejecutivo adelantó que el Congreso y el Senado van a retocar el articulado surgido de la Cámara autonómica, pero intentará que las modificaciones sean fruto de «la negociación» con las fuerzas catalanas.

A grandes rasgos, el Gobierno cree que el proyecto aprobado por el Parlamento de Cataluña tiene varios aspectos inconstitucionales, pero el alto grado de consenso con que se refrendó -casi el 90% de los diputados- obliga a convertir esos puntos en constitucionales en su paso por las Cortes. José Luis Rodríguez Zapatero cumpliría de esa forma su palabra de «aceptar» la reforma y habrá nuevo Estatut. Así lo anunció la vicepresidenta primera tras la reunión del Consejo de Ministros, en el que el asunto suscitó «un pequeño debate» aunque no se analizó «a fondo».

María Teresa Fernández de la Vega indicó que el «respeto» a la voluntad de la Cámara catalana y «el máximo rigor constitucional» serán los criterios que guiarán la tramitación parlamentaria del proyecto de nuevo Estatuto, que el próximo miércoles entrará en el Congreso de la mano del presidente del Parlament, Ernest Benach. La portavoz no quiso desgranar qué aspectos del texto desbordan, en opinión del Ejecutivo, los límites de la Carta Magna, pero fuentes próximas a la vicepresidenta señalaron que la definición de Cataluña como nación, el 'blindaje' de competencias, las 58 materias «exclusivas» de la Generalitat y, sobre todo, el sistema de financiación son aspectos que se sitúan al margen de la Constitución.

La vicepresidenta ni siquiera quiso dar su opinión sobre la financiación, y se limitó a señalar que un modelo de Concierto Económico similar al del País Vasco ya fue considerado inconstitucional hasta por el Consejo Consultivo de la Generalitat. La financiación, adelantó, deberá «inscribirse en el rigor constitucional» y acordarse en un foro «multilateral».

Fuentes de La Moncloa señalaron que si el sistema de financiación aprobado hubiera llevado el nombre de Concierto Económico, como se recogía en las primeras propuestas de Convergencia i Unió, habría impedido la admisión a trámite de la reforma estatutaria en el Congreso. El documento habría corrido así la misma suerte que el plan Ibarretxe. La denominación acordada fue, finalmente, la de 'Acuerdo Económico Solidario'. En cualquier caso, en el grupo parlamentario socialista se da por hecho que el sistema de financiación tendrá que ser rebajado, por «demasiado ambicioso».

Nación

El ministro de Interior, José Antonio Alonso, que acompañó a la portavoz del Gobierno en la rueda de prensa, se ratificó, por su parte, en sus apreciaciones anteriores de que la única nación que cabe en la Constitución es España. «Las posiciones conocidas no hace falta repetirlas», dijo, y se reafirmó en su comentario de que Cataluña no puede definirse como nación.

Fernández de la Vega precisó que el respaldo prometido por José Luis Rodríguez Zapatero no significa que «no pueda retocarse» el proyecto a su paso por las Cortes «si hay elementos de inconstitucionalidad». Recordó que «así ha ocurrido siempre» y es «lo habitual y normal», por lo que nadie debe llevarse las manos a la cabeza ante los cambios que se introduzcan porque no serán ninguna falta de respeto a la voluntad del Parlamento de Cataluña.

La vicepresidenta quiso vencer los recelos que pueden surgir entre las fuerzas catalanas si se altera el proyecto porque serán modificaciones que «vamos a negociar» y «vamos a escuchar» lo que tengan que decir los inspiradores de la reforma. En todo caso, aseguró, «vamos a respetar» un texto que llega a las Cortes con el aval de «un consenso muy importante».

Lo que sí descarta el Gobierno es atender la petición del PP de tramitar la reforma estatutaria como una modificación constitucional, que exige una mayoría en las cámaras de tres quintos para que la que son imprescindibles los votos populares. «Da la sensación -comentó la vicepresidenta- de que (Ángel) Acebes tiene cierto desconocimiento del funcionamiento normal de las instituciones y los usos democráticos». No existe «ninguna situación que merezca medidas drásticas», prosiguió.

Calendario

La previsión gubernamental es que el proyecto sea admitido a trámite por el Congreso en noviembre, a lo más tardar diciembre, y que en febrero comience el debate de las enmiendas en ponencia para que esté aprobado en el verano de 2006 y pase al Senado. El Ejecutivo es consciente de que el camino no estará exento de tensiones. «Las habrá -apuntaron fuen- tes gubernamentales- dentro del PSOE, con el PSC, y entre los miembros del tripartito, pero al final habrá Estatut».

El Gobierno confía, asimismo, en que los primeros síntomas de nerviosismo mostrados por las fuerzas catalanas por el envío del proyecto «a Madrid» desaparezcan, porque todo se va a desarrollar con «normalidad democrática», y así como el Ejecutivo «respetó» el debate en el Parlamento de Cataluña sin inmiscuirse, es de esperar una actitud recíproca cuando la reforma esté en las Cortes.

EL CORREO

Sábado, 1 de Octubre de 2005

ASPECTOS POLÉMICOS DEL NUEVO ESTATUTO

 

El Parlamento catalán aprobó ayer, tras 18 meses de arduas negociaciones, el tercer Estatuto de autonomía en la historia reciente de la comunidad. Comienza ahora la búsqueda del consenso en las Cortes, que se prevé complicada por la inclusión en el texto de conceptos de dudoso encaje constitucional, como los que siguen: Cataluña es una nación: principio contenido en el Preámbulo, un apartado sin aplicación jurídica.

Las competencias de Cataluña son 'blindadas' mediante una fórmula que le atribuye «de manera íntegra y excluyente» las potestades legislativa, reglamentaria y ejecutiva.

Cataluña asume la gestión de los servicios del régimen económico de la Seguridad Social, lo que a juicio del PP rompe la 'caja única'.

Participación de las selecciones deportivas catalanas en competiciones internacionales.

Reforma Judicial: se crea el Consell de Justicia de Catalunya, descentralizado del CGPJ; el Tribunal Superior de Justicia se convierte en la última instancia en la comunidad; el catalán será obligatorio para ser magistrado.

La Generalitat tendrá la potestad de determinar las competencias de los poderes locales.

El Ejecutivo catalán participará, e incluso presidirá, todas las delegaciones españolas ante la Unión Europea que traten asuntos de su competencia.

Sistema de financiación: la Generalitat gestionará, recaudará, liquidará e inspeccionará todos los impuestos (tanto estatales como propios) de Cataluña a través de su propia agencia tributaria, y aportará después al Estado una cantidad en concepto de servicios prestados y como contribución a la solidaridad.

EL CORREO

Sábado, 1 de Octubre de 2005

CHAVES RECHAZA EL PROYECTO Y PONE SU VISTA EN EL CONGRESO

 

Las voces discordantes con el proyecto de Estatut que ya habían surgido en el PSOE durante los últimos meses afloraron ayer con más fuerza tras la votación del Parlamento catalán. Significados dirigentes socialistas expresaron su rechazo al proyecto y su confianza en que sufra modificaciones sustanciales en el Congreso. Entre ellos, el propio presidente del PSOE, Manuel Chaves, quien dijo hablar, eso sí, como presidente de la Junta de Andalucía. Chaves reconoció no estar «de acuerdo», al tiempo que expresó su convencimiento de que la Cámara baja es la «máxima garantía de que todos los estatutos serán constitucionales en la línea de garantizar la cohesión».

Mucho más concreto, el responsable de Política Municipal del PSOE, Álvaro Cuesta, descendió al detalle y recordó que, en materia de financiación, «no caben mecanismos bilaterales» entre comunidades autónomas y Estado.

Otros líderes socialistas utilizaron un lenguaje más contundente. Es el caso del madrileño Rafael Simancas, quien tachó el nuevo Estatut de «inaceptable» porque «vulnera los derechos constitucionales del conjunto de los españoles».

El 'histórico' Alfonso Guerra insistió en la inconstitucionalidad del término 'nación' aplicado a Cataluña y auguró una negociación «complicada» en la Cámara baja. Por el contrario, el ministro Juan Fernando López Aguilar dijo en clave pragmática que el uso del término '«nación» «no nos debe preocupar siempre y cuando no perjudique ni a la soberanía española ni a la igualdad de derechos fundamentales».

En medio de la controversia, Juan Barranco puso el punto de optimismo. Aunque el ex alcalde de Madrid auguró «muchas discusiones» en el seno del PSOE, al final, dijo, se acordará «una posición homogénea».

EL CORREO

Sábado, 1 de Octubre de 2005

«ESCÚCHANOS, QUE NOS ENTENDEREMOS», DICE MARAGALL COMO «MENSAJE A ESPAÑA»

P. Soto/Colpisa

Los partidos catalanes se conjuran para defender el Estatut en Madrid

 

BARCELONA - El pleno del Parlamento de Cataluña aprobó ayer un nuevo Estatuto de autonomía para la comunidad, el tercero en su historia reciente. El legislativo autonómico aceptó el texto por una amplia mayoría, muy superior al mínimo legal necesario: 120 votos a favor, procedentes de CiU, socialistas, ERC e Iniciativa per Catalunya, y sólo 15 en contra, salidos de la bancada del PP catalán. Terminada la sesión, y para darle toda la solemnidad posible, el hemiciclo entero se puso en pie para cantar 'Els Segadors', el himno catalán. Después, en pasillos y salones corrió el cava.

En declaraciones a los periodistas, el presidente de la Generalitat, visiblemente eufórico, quiso enviar un un «mensaje a España» y para ello parafraseó a su abuelo, el poeta Joan Maragall: «Escúchanos, que nos entenderemos». El abuelo del presidente catalán escribió en 1898 un histórico poema titulado 'Oda a Espanya' en que decía: «Escucha, España / la voz de un hijo que te habla en lengua / no castellana».

Pasqual Maragall reconoció que «la batalla del Estatuto está ahora en manos de los ciudadanos españoles», pero en su intervención final ante los diputados catalanes mostró su confianza en que será aceptado, incluido el carácter de nación otorgado a Cataluña. Incluso, apuntó, contribuirá a «cambiar» España en un Estado federal gracias al nuevo modelo de solidaridad territorial que, en su opinión, la propuesta catalana supone.

«La paz en Euskadi y el Estatuto de Cataluña son las pruebas de fuego de la España de hoy, y las ganaremos, y nuestro pueblo lo celebrará», aventuró Maragall, que cerró su intervención con una alusión al mítico viaje a Ítaca referida al futuro del proyecto estatutario: «Buen viento y en barca nueva».

Las expresiones de euforia que, con la excepción del Grupo Popular, protagonizaron ayer los parlamentarios catalanes no velaron la sombra que cubrió todas las sonrisas: el futuro del Estatuto, desde ayer, queda fuera del control catalán, y eso preocupa. En su turno de explicación de voto, Artur Mas hizo un llamamiento al conjunto de los partidos catalanes para «conjurarse» y «hacer respetar» el texto en las Cortes Generales, porque «Cataluña no ha dado nunca la espalda a España y ahora tenemos que procurar que España no nos dé la espalda a nosotros». Según el líder de CiU, «Cataluña ha hablado con la voz clara y alta, y eso ahora lo tenemos que hacer valer en Madrid».

«Fraternal y federal»

La socialista Manuela de Madre defendió en su discurso una nueva idea de España como «red solidaria» entre sus diversos pueblos y territorios, que buscan «una España fraternal y federal» y «aspiran a seguir abrazándose entre todos los pueblos de España».

Josep Lluís Carod-Rovira, que lanzó vivas a «la nación catalana libre», consideró que la aprobación del proyecto de Estatuto es un primer paso hacia «un estadio legítimo, el Estado catalán», y «un paso gradual hacia la soberanía». El líder de ERC señaló que «necesitamos este Estatuto y nadie tiene derecho de impedirlo», porque con este nuevo marco de autogobierno «gana toda Cataluña, no un partido, un político, un país, una gente».

En nombre de ICV-EUiA, Joan Saura defendió la «voluntad» de Cataluña de «pactar con el Estado y de que la bilateralidad tome fuerza».

EL CORREO

Sábado, 1 de Octubre de 2005

EL PP PIDE ELECCIONES ANTICIPADAS SI EL ESTATUTO CATALÁN NO SE TRAMITA COMO UNA REFORMA CONSTITUCIONAL

Magis Iglesias/Colpisa

Acebes sostiene que el proyecto aprobado «abre el camino de la secesión»

 

MADRID - El Partido Popular exige que José Luis Rodríguez Zapatero disuelva las Cortes y convoque elecciones anticipadas para que los españoles se pronuncien sobre el Estatuto de Cataluña si éste no es tramitado en el Parlamento como una reforma de la Constitución, lo que requeriría una mayoría muy cualificada para su aprobación. El secretario general de los populares, Ángel Acebes, dijo ayer que se trata de una propuesta que altera las reglas del juego establecidas por la Carta Magna y pidió que los españoles decidan antes de que el Congreso debata su admisión a trámite.

Según el 'número dos' del partido de la oposición, los ciudadanos españoles deben ser llamados a las urnas «antes de que se tomen decisiones irreversibles». «Esto no es una reforma estatutaria, es una Constitución para Cataluña», dijo Acebes en rueda de prensa. En este sentido, apuntó que la propuesta estatutaria tendrá consecuencias no sólo para los catalanes, sino para todos los españoles porque «incluye cambios en las reglas del juego constitucionales».

El dirigente del PP recordó que las comunidades autónomas tienen capacidad para enviar a las Cortes Generales reformas de la Constitución (art. 87.2) cuyo trámite está especialmente establecido en la Carta Magna (art. 167). La principal diferencia estriba en que una reforma estatutaria puede ser aprobada en las Cortes Generales por mayoría absoluta -que reúne el PSOE con sus socios- mientras que un cambio constitucional exige el voto de tres quintos de los diputados y senadores, para lo que resultaría imprescindible la connivencia del PP.

Es más, en el caso de que la reforma constitucional afectara a determinados títulos o capítulos de la Constitución, sería imprescindible la disolución de las Cortes. El PP cree que incurre en este supuesto, al menos, la denominación de nación para Cataluña que incluye la proposición del Parlament.

Para Acebes, el nuevo Estatuto catalán «es más preocupante y más grave que el plan Ibarretxe», porque, dijo, llega bajo los auspicios del presidente del Gobierno -al que culpa de la incorporación al texto del reconocimiento de nación para Cataluña- y con los votos de los socialistas. «Por primera vez en las páginas de nuestra historia asistimos a que un presidente del Gobierno ha azuzado a una comunidad autónoma para separarse de España», dijo. El PP, insistió Acebes, contempla el nuevo Estatut como «la ruptura del consenso constitucional», «el fin de la igualdad de los españoles» y «un paso decisivo» para que Cataluña se convierta en un estado independiente.

«Nacionalista»

En la misma clave, el líder de los populares catalanes, Josep Piqué, indicó ayer en Barcelona que el nuevo Estatut es un proyecto «nacionalista» que busca un «distanciamiento entre Cataluña y el resto de España». Asimismo, insistió en que se trata de un marco «profundamente intervencionista y profundamente ofensivo para muchos ciudadanos» porque configura un «modelo social» que no es compartido por todos los ciudadanos».

La Generalitat valenciana, gobernada por el PP, no sólo comparte estos mensajes , sino que ha dado un paso más adelante al anunciar que recurrirá «a todas las instancias a las que legalmente» pueda si las Cortes Generales ratifican la reforma del Estatuto catalán.

EL CORREO

Sábado, 1 de Octubre de 2005

LOS PARTIDOS VASCOS RECLAMAN RESPETO A LA VOTACIÓN DEL PARLAMENT

Sólo San Gil exige que el Congreso rechace el texto

 

Los partidos vascos, salvo el PP, coincidieron ayer en pedir respeto a los acuerdos de Parlamento catalán sobre el nuevo Estatuto. La portavoz del Ejecutivo de Ibarretxe, Miren Azkarate, expresó su satisfacción por el pacto alcanzado en Barcelona y opinó que «las Cortes deberían respetarlo en su integridad, igual que las futuras decisiones que adopte la Cámara de Vitoria». Asimismo, añadió que «confiamos en que el presidente del Gobierno cumpla su palabra».

También el portavoz de la ejecutiva del PNV, Iñigo Urkullu, recordó las palabras de Zapatero en favor del «respeto a la voluntad» del Parlamento de Cataluña. Urkullu agregó que «ya nos gustaría que se tuviera la misma consideración para el Parlamento de Euskadi». El dirigente nacionalista destacó que el plan Ibarretxe se aprobó en la Cámara de Vitoria «con el apoyo de formaciones nacionalistas y no nacionalistas, como es el caso de EB».

El secretario general del PSE-EE, Patxi López, también pidió «respeto a la decisión» adoptada en Cataluña. «Mientras tanto -dijo- tenemos que mantener una actitud serena y responsable, respetando las decisiones del Parlamento, pero exigiendo también respeto al trabajo del Congreso de los Diputados, que es donde reside la soberanía de todos los españoles». A partir de ahora, «esta propuesta, si no lo está, tendrá que ser adaptada a la realidad de la España constitucional».

Por su parte, la presidenta de EA, Begoña Errazti, pidió al PSOE un mismo trato a la hora de pronunciarse sobre las reformas estatutarias aprobadas por «decisión soberana» de los parlamentos autonómicos. Igualmente, el portavoz de la presidencia de Ezker Batua, Mikel Arana, instó al presidente Zapatero a que «cumpla su palabra» y respete «la voluntad mayoritaria del Legislativo de Cataluña».

Por contra, el coportavoz de Batasuna Joseba Permach consideró que el acuerdo en Cataluña «no es equiparable» al País Vasco, ya que, a su juicio, «Euskadi no necesita un Estatuto nuevo».

Desde el PP, su presidenta, María San Gil, afirmó que espera que el Congreso «actúe con la misma firmeza y contundencia democrática que con el plan Ibarretxe» y rechace el Estatuto aprobado en el Parlamento catalán.

El Blog

Calendario

     Octubre 2005    
LMMiJVSD
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       

Archivos

Sindicación

Enlaces

Alojado en
ZoomBlog