Oposición Frontal en LA RAZON

Por Narrador - 16 de Octubre, 2005, 4:30, Categoría: Información en la Prensa

Nos gusta la información facilitada por el diario fundado por Anson. Señala los puntos más destacados de esta historia y además mantiene una oposición nítida contra este despropósito que algunos llaman ‘Estatut’.

LA RAZON

Sábado, 1 de Octubre de 2005

EL GOBIERNO ESTÁ DISPUESTO A CAMBIAR EL ESTATUT «DE LA A A LA Z» PARA ADAPTARLO A LA CONSTITUCIÓN

I. G. de Molina y T. Santaeulària

Mientras Pasqual Maragall celebraba la aprobación ayer del Estatut en el Parlament catalán y se mostraba convencido de que el Congreso de los Diputados respetaría su redacción, el Ejecutivo advertía de que lo reformará para ceñirlo a la Constitución.

 

Madrid - La tormenta sobre la reforma del Estatut, lejos de amainar ayer, no sólo volvió a arreciar, sino que amenaza con convertirse en un auténtico huracán en los próximos meses. Mientras el Parlament catalán aprobaba definitivamente el nuevo texto, el Gobierno, «sin aún haberlo analizado en profundidad», prefirió curarse en salud. Por eso advirtió de que «lo retocará en su segunda fase, la de su tramitación en las Cortes Generales, para garantizar que el documento final sea acorde con la Constitución de la A a la Z». Eso sí, lo hará desde el respeto que le merece una «propuesta» aprobada casi por el 90% del Parlament. Así lo aseguró ayer la vicepresidenta primera del Gobierno, al término del Consejo de Ministros, que dedicó «cinco minutos» de su reunión a debatir y comentar la importancia de su aprobación.

En aras al «rigor constitucional», Teresa Fernández de la Vega interpretó el compromiso adquirido en su día por el propio presidente del Gobierno de respaldar el Estatut tal y como saliera del Parlament. Según la portavoz, José Luis Rodríguez Zapatero condicionó su apoyo a que el texto obtuviera un amplio consenso y a que estuviera dentro de los límites constitucionales. «Sólo en este escenario es en el que hay que enmarcar, a su juicio, las palabras del presidente», dijo.

El respaldo expresado por Zapatero, en su opinión, «no significa que el texto no pueda retocarse en los aspectos que tengan o puedan tener matices de constitucionalidad». Modificaciones que consideró «normales y habituales», como las que sufrirá la reforma del Estatuto valenciano. Acto seguido, volvió a matizar la promesa del presidente al recordar que en su discurso de investidura dejó claro que los límites para las reformas estatutarias son el consenso y la Carta Magna.

Por tanto, a partir de que el Estatut comience su andadura en el Congreso en noviembre próximo, el Gobierno lo analizará y abrirá una negociación sobre el texto, «sin perder de vista que esta reforma no es la de la Constitución». Aunque aún no ha sido analizado, la portavoz dejó la puerta abierta al cambio del sistema de financiación que establece el Estatut por ser similar al concierto económico vasco y, por ende, inconstitucional, como ya ha advertido el Consejo Consultivo y el propio Gobierno. En este contexto, el Ejecutivo reiteró ayer su defensa de la multilateralidad en el modelo de financiación autonómica, concepto que choca frontalmente con el principio aplicado en el Estatut.

El Gabinete de Zapatero considera que el nuevo sistema de financiación deberá nacer fruto del consenso entre todas las autonomías y la Administración central, lo que supone en la práctica que tumbará el acuerdo alcanzado por el tripartito y CiU en esta materia. Sobre dicho punto, De la Vega apeló a la normalidad democrática para desdramatizar y quitar hierro a los cambios de la reforma del Estatut que acometerá el Ejecutivo en el Parlamento.

El término «nación» que figura en el texto también se convertirá en la manzana de la discordia durante su tramitación. De hecho, la vicepresidenta se limitó a apelar al «rigor constitucional» para esquivar el interrogante de si el Gobierno «retocará» o no el reconocimiento de Cataluña como nación. Por el contrario, el ministro del Interior, quien también compareció ante los medios de comunicación tras el Consejo, fue más allá al insistir en su inconstitucionalidad y dar por sentado su eliminación en el Congreso.

Maratoniano debate. Horas antes, el Parlament de Cataluña había aprobado el nuevo Estatut que llegará el miércoles al Congreso de los Diputados. Durante este maratoniano pleno las referencias al presidente Macià han sido continuas. Y aunque las comparaciones suelen ser odiosas, en este caso no eran gratuitas. La reforma estatutaria de Cataluña aprobada en el Parlament lleva en sí misma reminiscencias de ese presidente que se presentó a Madrid con un Estatut muy ambicioso para Cataluña, pero regresó con la mitad de lo que había pedido. Esa herida que marcó el curso de la política catalana podría reeditarse ahora, o tal vez cerrarse.

Precisamente, ése era el temor que subyacía ayer en la Cámara catalana durante los discursos que sirvieron para ponerle la guinda al pastel de la reforma estatutaria. El presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, reconoció, en su discurso, que era el momento de librar esa batalla y se mostró fuerte para capitanearla. Con un parlamento serio y poco triunfalista, Maragall explicó que no cree propio de una «tierra que se llama nación, ahogarse en las emociones». Por ello, sus palabras no tuvieron el impacto patriótico que sí quiso darle el líder de CiU, Artur Mas.

El mandatario catalán afirmó que Cataluña propone, no impone, un nuevo marco político que redibuja las Españas. Un nuevo escenario que, a su entender, es de cariz federal. Maragall recordó que «el federalismo castellano hablaba siempre de España como una nación de naciones». Sin embargo, reconoció que el nombre no hace la cosa y por ello no discutiría. Para él, «España quizás, es federal pero no lo ha podido decir durante todo el siglo XX». «No se trata –dijo– de unos y otros, sino de que nosotros también somos ellos». Y en la medida en que pertenecemos a España –no lo afirmó explícitamente para no herir las sensibilidades de las formaciones nacionalistas–, «queremos cambiar lo que también nos pertenece», sentenció. Maragall lanzó un auténtico aviso para navegantes al hablar entrelíneas de una nueva transición que debe solventar los dos lastres de la joven democracia. Lograr la paz en el País Vasco y el nuevo Estatut de Cataluña. Dos batallas, que, sentenció, «¡ganaremos!».

Al final de su confuso y breve discurso, reconoció que algunos creen que el nuevo camino político que abre Cataluña no tendría sentido si el término «nación» cae durante la tramitación en las Cortes. Un punto que dijo no compartir, aunque suscribió los argumentos que sostienen que sin el concepto «nación» «no se darían las condiciones para que todo lo que Cataluña propone se entienda».

Maragall, envalentonado, proyectó un mensaje interno a sus filas del PSOE, al afirmar sin ambages: «Espero poder decir que el futuro me dé la razón, que se equivocan, y que la propuesta catalana se aceptará en las Cortes». De hecho, se mostró convencido de que se aprobará, «porque los que deben hacerlo y decirlo, lo diremos y haremos», concluyó. Finalmente, quiso mostrar su agradecimiento al líder de la oposición, Artur Mas, por quererle acompañar en este duro camino. «Yo y él hemos llegado a tal identidad de pensamientos, que se me ha adelantado», aseguró arrancando las sonrisas del Parlament.

El presidente catalán, por último, aseguraba ayer en TVE, que el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, «hará todo lo posible» para que «España entera» entienda que Cataluña es una nación. Maragall afirmó que «Zapatero es una persona muy franca y muy directa. Él ha proclamado más de una vez que respeta el término nación para Cataluña». Asimismo, confirmó que ambos han quedado en reunirse «enseguida» para «que esto sea posible».

LA RAZON

Sábado, 1 de Octubre de 2005

CAROD LANZA VIVAS A LA NACIÓN CATALANA LIBRE

 

El líder de ERC, Josep Lluís Carod-Rovira, lanzó vivas a la «nación catalana libre» al cerrar su discurso en el Parlament. El gesto no era nuevo, pero sí es cierto que ayer cobraba especial importancia. Para Carod el Estatut que fue aprobado ayer en el Parlament por 120 de los 135 diputados del hemiciclo es un paso más hacía el Estado catalán. Una entelequia que sirve de motor a los independentistas catalanes. Sin embargo, la otra cara de la moneda estaba en las puertas del Parlament, donde un reducido número de «maulets» –independentistas radicales– gritaba «botiflers» –«derechistas»– a los políticos que salían de la Cámara. Las consignas, las de siempre: CiU y PSC son lo mismo. De esta forma mostraban, en un rincón del Parc de la Ciutadella, su indignación por el Estatut que acababa de ser aprobado.

Ajenos a la movida, los diputados catalanes se abrazaban, se hacían fotos y brindaban con cava. Las muestras de alegría propias de un día histórico como el de ayer se repetían por doquier. Quizás la anécdota de la jornada vino de la mano de una diputada de CiU en la votación, cuando el presidente del Parlament, Ernest Benach, al llamar uno a uno para emitir su voto oral, se olvidó de ella. La nacionalista, que no quería ser menos, le advirtió que faltaba su voto, y luego pudo visualizarlo. No era momento de perder ningún voto de CiU, con lo que les ha costado.

LA RAZON

Sábado, 1 de Octubre de 2005

PIQUÉ CREE QUE EL TEXTO SEPARA A LOS CATALANES Y MODIFICA EL ESTADO

Marcos Pardeiro

 

Barcelona - Explicar el voto negativo del PP al nuevo Estatuto de Cataluña el mismo día que el resto de grupos aprobaban solemnemente el texto era un mal trago para el líder popular, Josep Piqué. Era sabido que la sesión plenaria de ayer estaría dominada por peroratas patrióticas y afirmaciones nacionales. No obstante, Piqué quiso afrontar el desafío y revalidar sus argumentos porque cree que la apuesta por el autogobierno de CiU, PSC, ERC e ICV aleja a Cataluña de España, en contra de la voluntad de los populares, partidarios de «fortalecer los lazos entre ambos pueblos».

El líder del PP afirmó que puede entender que CiU y ERC busquen el distanciamiento de Cataluña respecto a España, pero no logra comprender que «fuerzas políticas con proyectos para el resto de España entren a jugar a este juego». Unas palabras que resonaron en el hemiciclo, mientras el popular clavaba su miraba al escaño del presidente Pasqual Maragall. Piqué confirmó su rechazo a la reforma estatutaria en último día de sesión plenaria porque su «trasfondo» es modificar la naturaleza del Estado». Utilizó buena parte de su intervención para descalificar el contenido del nuevo marco legal y advirtió de que «es un camino erróneo alterar la columna vertebral de la Constitución a través del Estatut». Desencantado del permanente oasis político catalán –pacto entre CiU y PSC en las cuestiones de país–, Piqué constató que el debate estatutario se había producido a espaldas de la ciudadanía y había generado auténtico hartazgo.

Sin embargo, la reflexión del presidente del PPC no se limitó a analizar la problemática nacional, sino que quiso bañar su discurso en un mar de prudencia y realismo. En este sentido, Piqué pidió a los padres del nuevo Estatut que eviten el autismo, basado en prometer a los catalanes cuestiones como la financiación sin tener en cuenta la opinión de las Cortes, que también participan en la decisión de contenidos. «Utilicen el condicional», rogó al cuatripartito estatutario.

En este punto, advirtió de la posibilidad de regresar de Madrid con un redactado «muy rebajado» y, así, arrojarse a la frustración y a la «alimentación del victimismo» de los nacionalistas. Sereno y firme, señaló «siento aguarles la fiesta pero el Estatut, hoy por hoy, sólo es una propuesta de ley». El líder del PPC también criticó el longevo proceso de gestación y afirmó: «En la retina de los ciudadanos lo que queda es una discusión que sólo interesa a políticos, pero también queda que se hundió el Carmelo, aunque en esa ocasión los mismos que han pactado el Estatut echaron tierra sobre el asunto». «Se nos ha dicho demasiadas veces que cuando tengamos el Estatut ya haremos las políticas que el país necesita. No vuelvan a decirlo, háganlo».

LA RAZON

Sábado, 1 de Octubre de 2005

EL PP EXIGE ELECCIONES SI EL TEXTO NO SE TRAMITA COMO REFORMA CONSTITUCIONAL

C. Morodo

Cree que representa un peligro mayor que el «plan Ibarretxe» porque cuenta con la bendición de Zapatero

 

Madrid - El PP llevará al extremo la batalla contra el Estatut catalán por entender que representa una amenaza para la unidad, la igualdad territorial y la convivencia. Mariano Rajoy ha convocado un Comité Ejecutivo extraordinario el próximo lunes con un orden del día centrado exclusivamente en analizar el escenario de inestabilidad que abre la llegada a Madrid de un texto «sin encaje constitucional» y que reúne encubiertamente los requisitos de la llamada «libre asociación», es decir, del nuevo modelo de relación con el Estado español en el que se fundamentaba el «plan Ibarretxe». Cataluña se reconoce como una nación, con fiscalidad y Justicia propia, primer paso para la «separación territorial y la ruptura de la unidad».

La primera decisión de los populares, anunciada ayer por Ángel Acebes, es oponerse a cal y canto, como ya adelantó este periódico, a la tramitación en el Congreso, salvo que se haga como reforma constitucional. De no ser así, el PP exige a José Luis Rodríguez Zapatero que disuelva las Cortes y convoque elecciones antes de la toma en consideración del Estatut en la Cámara Baja, ya que los españoles tienen derecho a pronunciarse sobre una iniciativa que afecta al nudo gordiano del sistema institucional y que no iba recogida en el programa electoral socialista.

«Engaño» a los españoles. El argumento es el mismo que se empleó con el proyecto del lendakari: de fondo hay una modificación de la Ley Fundamental y eso obliga a que se aplique el procedimiento agravado que ésta establece para su reforma, es decir, una mayoría de dos tercios de cada Cámara, lo que haría necesarios los votos populares, frente a la mayoría absoluta que basta para sacar adelante un cambio estatutario. Al afectar además a puntos fundamentales de la Carta Magna –como el artículo 2 del Título Preliminar, en el que se reservó para España el concepto de nación política mientras que se dejó abierta la puerta a que cada comunidad acabase definiéndose como nacionalidad (según los constituyentes como sinónimo de nación cultural) o región–, una vez aprobada la reforma deberá haber disolución inmediata de las Cortes Generales.

El «patrocinio» del Estatut por parte de Rodríguez Zapatero, a quien el PP responsabiliza directamente de la inclusión del concepto de nación, convierte al texto en una amenaza «más preocupante» –según explicó Acebes– que el propio «plan Ibarretxe».

Con este último, se sabía de partida que pese al guiño de los socialistas de permitir su calificación por la Mesa de la Cámara Baja, en ningún caso iba a recibir luz verde ya que votarían en contra en su toma en consideración en Pleno. Sin embargo, con el texto catalán el PP se encuentra desarmado ya que sus votos no valen como muro de contención y, además, se cuenta con el empeño personal de Zapatero en sacar adelante un proyecto que quiere convertir en bandera de su modelo de reformas estatutarias. En la historia ya está recogida la fecha del 14 de noviembre de 2003, cuando en un mitin en la recta final de la campaña autonómica catalana, Zapatero, que aún veía muy lejana su carrera hacia La Moncloa, prometía a Maragall que apoyaría el texto del Estatut que aprobara el Parlamento catalán.

«Hoy [por ayer] se ha aprobado una reforma constitucional para España que viene impulsada por Zapatero y que ha sido votada por el PSOE, causándose un perjuicio a los catalanes y a los españoles ya que abre un proceso de separación territorial», denunció Acebes.

Los populares mantienen que en el Estatut hay al menos 50 supuestos de inconstitucionalidad. Los oídos sordos del Gobierno a su exigencia de que se tramite como una reforma constitucional tendrán como respuesta un «no» categórico del PP a que entre en el Congreso.

LA RAZON

Sábado, 1 de Octubre de 2005

El Gobierno rechaza las «medidas drásticas»

  

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, rechazó ayer tramitar el Estatuto de Cataluña como reforma constitucional, al considerar que «estamos en un proceso de absoluta normalidad democrática» que no requiere ese tipo de «medidas drásticas» propuestas por el PP. De la Vega respondía así en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros al secretario general del PP, Angel Acebes. La vicepresidenta subrayó que «no hay ninguna situación que merezca abordar este tema desde la perspectiva de medidas drásticas como las que propone el señor Acebes», del que dijo que «a veces da la sensación de que tiene un cierto desconocimiento del funcionamiento normal de las instituciones democráticas».

Por su parte, el secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, DiegoLópez Garrido, considera «disparatada» la propuesta del PP de tramitar el proyecto de Estatuto de Cataluña como una reforma constitucional y se preguntó por qué se quiere hurtar al Congreso el debate de la propuesta, que es su cometido. En declaraciones a Ep, el dirigente socialista indicó que el PP parece no querer debatir la reforma estatutaria donde corresponde, que es en las Cortes Generales, y por eso plantea esa «disparatada propuesta». A su juicio, terminado el trabajo del Parlament, «ahora es el turno de las Cortes Generales y todos esos problemas que el PP tiene con el texto de la reforma deben ser expuestos en el debate».

«No sé por qué el PP quiere desapoderar a las Cortes de estos debates. Parece que tiene miedo a debatir democráticamente», abundó. Según explicó, el principal partido de la oposición está diciendo «exactamente lo mismo» que cuando el llamado «Plan Ibarretxe» llegó al Congreso de los Diputados.

LA RAZON

Sábado, 1 de Octubre de 2005

GALICIA Y PAÍS VASCO SE SUBEN AL CARRO DE CATALUÑA Y RECLAMAN SER «NACIÓN»

Los nacionalistas vascos y gallegos pretenden acelerar sus Estatutos

 

Madrid - «Qué tiene Cataluña que no tengamos nosotros?» La pregunta se la hacen los representantes de los partidos nacionalistas de Galicia y el País Vasco, y la respuesta, desde ayer a eso de las once de la mañana, está clara: un Estatuto aprobado por la inmensa mayoría del Parlamento catalán que concede a su territorio –a falta del plácet del Congreso de los diputados– el estatus de «nación» y un amplio control de los impuestos o la justicia, entre otras prebendas. Los «popes» del nacio- nalismo gallego y vasco tienen ya, por tanto, un nuevo motivo para envidiar a sus colegas catalanes, pero también vislumbran una oportunidad que consideran única para culminar sus aspiraciones. Pase lo que pase en la Cámara Baja, Cataluña ha abierto una puerta por la que también aspiran a pasar tanto las denominadas comunidades «históricas» como otras autonomías animadas ahora por la presunta «bajada del listón» del PSOE.

Pocos minutos después de que los parlamentarios catalanes dieran el sí a su texto estatutario, el vicepresidente gallego, Anxo Quintana (BNG) lanzó la carrera nada menos que en La Moncloa aprovechando su programada visita al presidente del Gobierno. Quintana dejó claro a Zapatero su intención de que Galicia cuente «pronto» con un nuevo Estatuto que, además del inevitable reconocimiento como nación, otorgue a la Xunta «un ámbito de competencias blindadas de intervenciones foráneas». «Es la liga que nos pertenece y en la que queremos estar», exigió el dirigente del BNG.

Otro de los «equipos» que aspiran a sumarse a la «liga» de Quintana es el PNV, cuya dirección interpretó ayer la aprobación de Estatut como un revulsivo que allanará el camino al famoso «plan Ibarretxe». Pese al varapalo que sufrió la propuesta del lendakari en el Congreso, los de Josu Jon Imaz no renuncian a conseguir que el País Vasco se convierta en un estado libre asociado a España y prometen retomar la guerra, confiados en que el texto catalán les gane la primera batalla durante su tramitación en las Cortes. Ese es el planteamiento de la presidenta de EA, Begoña Erratzi, que se apresuró a pedir al PSOE que dispense igual trato al Estatut que a la propuesta soberanista del lendakari.

Sin embargo, la aspiración de superar sus actuales techos competenciales no es patrimonio exclusivo del País Vasco y Galicia. Con su Estatuto recién llegado a la Carrera de San Jerónimo, el secretario general del Bloc, Enric Morera, salió a la palestra para reclamar que el texto valenciano «incluya un sistema de financiación equiparable al catalán» a través de la «cláusula Camps»

Desde Canarias, el presidente de CC, Paulino Rivero, consideró que ha llegado el momento de que los socialistas canarios «pierdan sus miedos y apuesten por un Estatuto que no tenga nada que envidiar al de Cataluña». Puestos a dar ideas sobre lo que debería incluir el hipotético texto, el presidente canario, Adán Martín, lanzó la primera, también en clave monetaria: una Agencia Tributaria propia para Canarias.

Tampoco IU se quiere quedar fuera de la «fiesta», y el próximo jueves propondrá que el nuevo texto andaluz defina a Andalucía como «nación»... inspirado en el ejemplo catalán. Otro quebradero de cabeza para Manuel Chaves.

LA RAZON

Sábado, 1 de Octubre de 2005

EL TEXTO CATALÁN DIVIDE AL GABINETE DE ZAPATERO

I. G. de Molina

 

Madrid - El Gobierno socialista está desde ayer en pie de guerra. La razón: el empeño del tripartito de incluir en el preámbulo del Estatut el reconocimiento de Cataluña como «nación». A partir de ahora al presidente del Ejecutivo, que siempre ha quitado hierro a este asunto, le tocará lidiar no sólo con los ataques de la oposición, sino con los voces discrepantes de su propio Gabinete. Algunos de sus miembros consideran, eso sí, en privado un despropósito definir a Cataluña como «nación». Además, alertan de la avalancha nacionalista que se avecina en el resto de reformas estatutarias. Sin embargo, no se atreven a elevar la voz para no contrariar a su jefe de filas, que, en alguna ocasión, ha restado importancia desde el punto de vista filosófico a este concepto. Es más, José Luis Rodríguez Zapatero no da mayor trascendencia al hecho de que cada autonomía se defina en su Estatuto como desee, sin que esto conlleve una modificación del artículo 2 de la Constitución.

Otros miembros del Ejecutivo, como el ministro de Justicia, han cambiado de opinión en cuestión de días. Juan Fernando López Aguilar, junto con los titulares de Defensa e Interior, protagonizó la semana pasada un ataque furibundo contra el reconocimiento de Cataluña como una nación. Sin embargo, ayer recogió velas y consideró que esta definición es una cuestión «sensible», pero «no nos debe preocupar siempre y cuando no perjudique ni a la soberanía española, que reside en el Parlamento, ni a la igualdad de lo derechos fundamentales».

Mientras el ministro de Defensa, junto con el de Interior, se ha mantenido firme en su rechazo, expresado ya desde hace meses, a que Cataluña se convierta en una nación. José Bono en innumerables ocasiones ha realizado una defensa a ultranza de la unidad de España y de su indivisibilidad. A esta bando se sumó públicamente hace unos días José Antonio Alonso, quien ayer mismo, al término del Consejo de Ministros, reiteró su posición. A su juicio, la definición de nación para cualquier autonomía es inconstitucional y abriría la puerta en un futuro a que Cataluña reivindicara convertirse en un Estado. «Tenemos una Constitución que nos ha sido y va a seguir siendo muy útil para convivir en este país», argumentó. Acto seguido, apuntaló su rechazo al asegurar que «tenemos un suelo constitucional y un marco normativo muy estable, que son la referencia de cualquier reforma». La vicepresidenta primera del Gobierno, por su parte, apeló al «rigor constitucional» para rehuir la cuestión. Al término del Consejo de Ministros, aseguró ayer que antes de emitir una opinión, como jurista que es, debe analizar en profundidad la redacción de la reforma del Estatut.

LA RAZON

Sábado, 1 de Octubre de 2005

LOS EXPERTOS CREEN QUE SE VULNERA LA CONSTITUCIÓN

Catedráticos y profesores de Derecho Constitucional coinciden en que las previsiones superan lo marcado en la Carta Magna

 

La definición de Cataluña como «Nación», la alusión a que el Parlamento catalán participe en los nombramientos de miembros de órganos nacionales o la apelación a los derechos históricos vulneran la Constitución, según distintos expertos consultados. 1. ¿Qué le parece que Cataluña se defina como una Nación? 2. ¿Es constitucional la previsión de que el Parlament participe en la designación de vocales del CGPJ o jueces del TC, Tribunal de Cuentas, etc? 3. ¿Y sobre os derechos históricos?

Enrique Arnaldo, Profesor Universidad Rey Juan Carlos:

>1 La Nación es indisoluble de la soberanía y, por tanto, del Estado. Por ello para el articulo 1.2 de la Constitución solo hay una nación, la Española. Choca frontalmente con la Norma Suprema la fractura de la Nación Española, que es una y no divisible.

>2. Igual que en la designación de los miembros autonómicos no puede participar el Estado, Cataluña no puede lógicamente disponer de ninguna manera su participación en el nombramiento de los que forman el TC, CGPJ o el Tribunal de Cuentas. Es un acto invasivo en la competencia estatal.

>3.- El proyecto del Estatuto se apropia indebidamente de una cláusula de salva guarda de la foralidad, contenida en la Disposición Adicional 1ª de la Constitución.

Carlos Vidal, Profesor titular de la UNED:

>1.- Aunque se haya matizado, supone una redefinición de España, y en un estatuto de autonomía no se puede redefinir lo que se dice en la Constitución. Esa definición es claramente inconstitucional porque se sale del marco de la Carta Magna.

>2. Las comunidades no pueden participar de modo directo en esas designaciones. De modo indirecto, podrían hacerlo a través del Congreso o del Senado. En ese caso, sería una cuestión política.

>3. El Estatuto no puede decir algo que no está en la Constitución, donde sólo se habla de derechos históricos en los casos de Navarra y algo del País Vasco. Por eso, apelar a esa cuestión es retrotraerse a la propia Constitución.

José Gabaldón, Ex vice Presidente del TC:

>1. El articulo 2 de la Constitución habla de la «indisoluble unidad de la Nación española». Con la redacción dada al Estatut se está desvirtuando literalmente ese precepto de la Constitución. No cabe otra interpretación al articulo.

>2.- Esos nombramientos son competencias del Estado, del Parlamento, ya que se trata de órganos nacionales.

>3.- La Constitución respalda los derechos históricos, pero, a la vez, dice que se llevará a cabo en el marco de la propia Constitución y de los estatutos de autonomía. La Constitución se redactó por consenso y aprobó por consenso y las comunidades autónomas que se constituyeron tenían derechos históricos. Por ello, es contrario a la Carta Magna esta previsión.

Gerardo Ruiz-Rico, Catedrático Universidad de Jaén:

>1.- La denominación estatutaria como «Nación» de una Comunidad Autónoma no encaja en un ordenamiento constitucional donde esa mención ha quedado reservada sólo a la «Nación española». Tampoco me parece aceptable una interpretación en sentido sólo «cultural».

>2.- Cataluña puede intervenir, pero sólo a través del Senado. Podría establecerse un mecanismo de consulta, no decisorio, y siempre en régimen de igualdad con otras Comunidades.

>3.- Los derechos históricos sólo pueden existir por reconocimiento expreso en la norma fundamental del Estado. No es posible admitir fórmulas de concierto económico o derechos político-institucionales que no fueron incorporados en 1978.

José M. Otero Novas, Abogado del Estado:

>1.- Nuestra Constitución, que permite una distribución de competencias sustancialmente propia de los Estados Federados, aun sin denominarlo así, en cambio es radicalmente contraria a la confederación, porque afirma la existencia de la nación española, en la que la misma Constitución se fundamenta.

>2.- Hoy, las reivindicaciones ya son todas de naturaleza confederal. Por eso se pretende que son órganos periféricos los que tienen que designar a los ocupantes de puestos en los Órganos del Estado.

>3.- Se quieren fundamentar los poderes autonómicos en circunstancias históricas propias ajenas a la Constitución y a la soberanía nacional.

LA RAZON

Sábado, 1 de Octubre de 2005

CATALUÑA QUIERE EL «SÍ» DEL CONGRESO EL DÍA DE SAN JUAN

E. L. Palomera

La toma en consideración se votará en noviembre

 

Madrid - ¿Y ahora qué? Las respuestas son variadas. Depende de a quién se le pregunte. El debate en el Gobierno y en el PSOE es un clamor entre la clase política. Se avecina un sainete de órdago. Algún día habrá que votar «sí» o «no» al texto que el próximo miércoles el presidente del Parlament entregará personalmente en la Carrera de San Jerónimo. El primer escenario –el del sí– contaría con el rechazo de la inmensa mayoría de españoles no catalanes de dentro y fuera del PSOE, donde se abriría una de la mayores crisis de su historia. El segundo, el del no, supondría que Zapatero, en un arrebato de sensatez frenara el Estatuto y convocara elecciones envuelto en la bandera de España.

El tiempo dará o quitará la razón a quienes apuesten por uno u otro escenario. Pero aún falta un largo camino parlamentario, que comenzará el próximo miércoles con el registro del texto en la Carrera de San Jerónimo y acabaría no antes de la festividad de San Juan. De hecho, nacionalistas y socialistas catalanes quieren celebrar el resultado final con una de las fiestas más simbólicas de su Comunidad. Tanto en el Gobierno como en el Congreso son estos los plazos que se barajan. Pero para ello los Estatutos de Valencia y Cataluña deberían tramitarse simultáneamente en las

Cortes, algo que no esta exento de complicaciones, ya que algunos miembros de la ponencia del texto valenciano integran la Comisión Constitucional, lo que obligaría a un calendario de trabajo infarto y poco frecuente en el Parlamento. Los pasos a seguir son los siguientes:

1. El texto será calificado por la Mesa del Congreso y se publicará en el Boletín de las Cortes. Este trámite no llevará más de dos o tres semanas.

2. Una vez publicada, la propuesta se someterá a votación de totalidad en un pleno, que se prevé pueda ser convocado la segunda semana de noviembre. Diciembre es un mes prácticamente perdido por los presupuestos, y como enero es inhábil, el debate en comisión no comenzaría antes de febrero.

3. La Mesa acordaría entonces un plazo de presentación de enmiendas al articulado y la remisión del texto a la Comisión Constitucional.

4. Cuando se hayan presentado las enmiendas, el Parlament designará a una delegación que no excederá del número de miembros de la Comisión Constitucional, con la que se constituirá una comisión mixta.

5. Se abrirá, después, un plazo de dos meses para la redacción de un texto definitivo.

6. El documento se votará en pleno antes de enviarse al Senado y regresará al Congreso para la aprobación final. Después, se devolverá a Cataluña, que deberá ratificarlo en consulta popular.

LA RAZON

Sábado, 1 de Octubre de 2005

EL PSC «AMENAZA» CON SUS 21 DIPUTADOS

I. G. de Molina

 

Madrid - El PSC ha lanzado estos días dos avisos a navegantes. El primero, dirigido a sus compañeros de filas y, el segundo, a ERC y a CiU. Tras un año y medio de negociaciones, no está dispuesto a soportar «ni media broma más». Por eso no le dolerán prendas en levantarse en pie de guerra contra sus propios compañeros del PSOE y recordarles que cuenta con 21 escaños, si, al final, «retocan» para eliminar la definición de Cataluña como nación del preámbulo del Estatut, según confirmaron fuentes del PSC a LA RAZÓN. Bajo esta advertencia, encubre la velada y permanente amenaza de constituir grupo propio en el Congreso, lo que, sin duda, complicaría aún más a Zapatero su actual legislatura. El segundo aviso está dirigido a ERC y a CiU. A ambas formaciones les ha alertado de que el Estatut se retocará en el Congreso con su plácet en cuestiones como la financiación y el blindaje de competencias. Con esta advertencia, intenta desactivar los ataques de los nacionalistas durante la tramitación en el Congreso del Estatut, que acabará poco antes de la convocatoria de elecciones en Cataluña. Se trata de evitar que el texto sea usado como arma arrojadiza durante la campaña electoral.

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