|
EL PERIODICO
Sábado, 1 de Octubre de 2005
EL MAPA DE LAS MINAS
Carles Cols
• La definición de Catalunya como nación y el modelo de financiación encabezan la lista de artículos que, presumiblemente, levantarán ampollas en el Congreso • El PP cuestionará el texto, pero también el PSOE
BARCELONA - Mejor cortar el cable rojo. Tal vez el verde. Un sexto sentido parece alertar a los padres del Estatut de que las 52 páginas del proyecto ayer aprobado serán recibidas en el Congreso por el PP y (en el mejor de los casos) por medio PSOE como una bomba que es necesario desactivar. No es difícil predecir qué artículos serán objeto con más ahínco de manipulación para, llegado el caso, desactivarlos.
A >> La semántica de los símbolos ya irrita
Cuatro palabras tiene el artículo 1.1 del proyecto de Estatut. "Catalunya es una nación". No ha necesitado pasar de ahí el frente mediático y político más conservador del resto de España para comenzar a levantar barricadas ante la llegada del Estatut. Es incompatible --sostienen-- con el preámbulo de la Constitución, que también define a España como nación.
La negociación del proyecto en el Congreso de los Diputados tendrá mucho de semántica. El texto aprobado ayer en el Parlament, en realidad, está premeditadamente acentuado. Los diputados del PP en la Cámara catalana sostienen que el tripartito y CiU han querido redactar el equivalente a una Constitución catalana y, de hecho, en privado, algunos de los padres del Estatut no lo niegan.
Está en los detalles. Por ejemplo, el artículo 12 insta a la Generalitat a promover "convenios, tratados y otros instrumentos de colaboración" con otros territorios, españoles o no, que mantengan lazos lingüísticos y culturales con Catalunya. La firma de tratados es una potestad que en el imaginario colectivo se atribuye a los estados.
A última hora, además, se ha añadido un elemento más de controversia. En el preámbulo, dado a conocer en la madrugada de ayer, se afirma: "Catalunya considera que España es un Estado plurinacional". El Estatut redefine España.
B >> Temor a un nuevo reparto del pastel
Está al final del Estatut (de la página 45 a la 48), pero como controversia pronto estará por delante del debate sobre si Catalunya es una nación y de cualquier otra cuestión. Se trata del nuevo modelo de financiación que el título sexto del Estatut propone. Recaudación de todos los impuestos, capacidad normativa... Son cuestiones que cuando ya fueron simplemente sugeridas pusieron en estado de alerta a las comunidades autónomas receptoras de fondos de solidaridad.
El modelo consensuado por CiU y el tripartito plantea que, tras recaudar todos los impuestos en Catalunya, la Generalitat haga dos transferencias a las arcas estatales, una en concepto de los gastos generales del Estado (Fuerzas Armadas, el cuerpo de funcionarios de la Administración central, la Corona, etcétera) y otra como aportación a los fondos de solidaridad interterritorial.
La fórmula, es previsible, obtendrá un frontal rechazo del PP, por su ideario ya conocido y porque está en la oposición, pero de todo el Estatut éste es el título que más tensiones internas puede ocasionar en el PSOE, pues dos de las comunidades autónomas más sensibles a un nuevo reparto del pastel de la solidaridad, Andalucía y Extremadura, están gobernadas por Manuel Chaves y Juan Carlos Rodríguez Ibarra, dos dirigentes socialistas de peso.
C >> La incierta división de uno de los tres poderesa
El proyecto de nuevo Estatut, audaz, plantea una reforma profunda de la estructura judicial de Catalunya. Más allá del contenido de la propuesta, ese capítulo es la más clara prueba de la ambición del Estatut de reformar el Estado desde una comunidad autónoma y no desde un debate previo en el seno de las Cortes españolas.
Es todo un capítulo singular, pues su desarrollo está sujeto a que previamente el Gobierno central, de forma unilateral y sin condicionantes previos, revise una ley orgánica. Ha sido, de hecho, una de las polémicas internas de la ponencia del Estatut. ¿Hasta qué punto un estatuto es la vía para reivindicar la reforma de leyes orgánicas del Estado?
Al margen de ese debate, la reforma que plantea el Estatut pretende dotar a Catalunya de un Consejo del Poder Judicial a la catalana --Consell de Justícia de Catalunya, ha sido bautizado-- y reforzar el actual Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de modo que sea prácticamente una última instancia en la escala de recursos y cierre la puerta, pues, al Tribunal Supremo.
D >> Los ministerios recelan siempre de un traspaso
Las competencias y la meta de que la Administración central no entre en el huerto de la Generalitat a catar melones es una capa de barniz que recubre el Estatut de principio a fin. La propia y controvertida apelación a los derechos históricos es un ejemplo. No es una referencia historicista nostálgica. La inclusión de esa expresión es --sostienen sus defensores-- una fórmula jurídica que, bien empleada, permite blindar competencias.
Que las competencias exclusivas le correspondan a la Generalitat de forma "íntegra y excluyente" es una de las minas de previsible estallido en el paso del Estatut por el Congreso. Pero en el capítulo de competencias resultará más determinante la lectura crítica que cada ministerio haga de los artículos que, poco o mucho, le afectan. El Estatut reivindica competencias, por ejemplo, en seguridad nuclear y salvamento marítimo. Todas las administraciones son celosas de lo que tienen. Incluso la Generalitat. En ese sentido, es previsible una extenuante discusión, punto por punto, de cada petición con decenas de argumentos sobre la mesa de por qué ese traspaso es inviable técnicamente.
Es una historia ya conocida. Hace años que la Generalitat reivindica infructuosamente la gestión de los aeropuertos catalanes. El Estatut incluye ahora esa competencia.
E >> El deseo de una 'cuota' catalana en el Estado
El Estatut prevé redefinir la relación entre Catalunya y el Gobierno central a través de la bilateralidad. Es un término que desde la perspectiva de los ponentes del texto define una relación casi entre iguales. Fruto de esa concepción, desde la premisa de que la Generalitat también es Estado y de que Catalunya es, por lengua y cultura, un espacio singular, el Estatut reivindica una hasta ahora inexistente cuota catalana en instituciones y organismos económicos y sociales
Así, los artículos 180 y 181 del proyecto establecen que la Generalitat participará en la designación de magistrados del Tribunal Constitucional y de los consejeros del Consejo General del Poder Judicial, y que, de hecho, el Parlament propondrá candidatos para los cargos.
La misma mecánica se plantea para otros organismos: el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Tribunal de Cuentas, la Agencia Tributaria (con independencia de que la Generalitat tenga una propia), el consejo de Radiotelevisión Española (RTVE), la Agencia de Protección de Datos.
¿Será motivo de polémica? No es lo mismo, pero la numantina resistencia de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones a ser trasladada a Barcelona no invita al optimismo. | 
