EL PERIODICO de Franco Insulta a quienes Cuestionan el 'Estatut'

Por Sin Pancarta - 17 de Octubre, 2005, 7:03, Categoría: Información en la Prensa

Yo pensaba que la función de la prensa era informar, sin renunciar a emitir libremente la opinión que cada uno considere oportuno. Lo que nunca pude imaginar es que la prensa, un medio informativo se convierta en una extensión más de la política militante dedicándose a insultar a quien no aprueba este ‘Estatut’. Franco siempre nos da sorpresas, desde cuando apoyaba la corrupción y los GAL hasta…  Su comportamiento con los compañeros lo verán más abajo.

EL PERIODICO 

Sábado, 1 de Octubre de 2005

EL MAPA DE LAS MINAS

Carles Cols

• La definición de Catalunya como nación y el modelo de financiación encabezan la lista de artículos que, presumiblemente, levantarán ampollas en el Congreso • El PP cuestionará el texto, pero también el PSOE

 

BARCELONA - Mejor cortar el cable rojo. Tal vez el verde. Un sexto sentido parece alertar a los padres del Estatut de que las 52 páginas del proyecto ayer aprobado serán recibidas en el Congreso por el PP y (en el mejor de los casos) por medio PSOE como una bomba que es necesario desactivar. No es difícil predecir qué artículos serán objeto con más ahínco de manipulación para, llegado el caso, desactivarlos.

A >> La semántica de los símbolos ya irrita

Cuatro palabras tiene el artículo 1.1 del proyecto de Estatut. "Catalunya es una nación". No ha necesitado pasar de ahí el frente mediático y político más conservador del resto de España para comenzar a levantar barricadas ante la llegada del Estatut. Es incompatible --sostienen-- con el preámbulo de la Constitución, que también define a España como nación.

La negociación del proyecto en el Congreso de los Diputados tendrá mucho de semántica. El texto aprobado ayer en el Parlament, en realidad, está premeditadamente acentuado. Los diputados del PP en la Cámara catalana sostienen que el tripartito y CiU han querido redactar el equivalente a una Constitución catalana y, de hecho, en privado, algunos de los padres del Estatut no lo niegan.

Está en los detalles. Por ejemplo, el artículo 12 insta a la Generalitat a promover "convenios, tratados y otros instrumentos de colaboración" con otros territorios, españoles o no, que mantengan lazos lingüísticos y culturales con Catalunya. La firma de tratados es una potestad que en el imaginario colectivo se atribuye a los estados.

A última hora, además, se ha añadido un elemento más de controversia. En el preámbulo, dado a conocer en la madrugada de ayer, se afirma: "Catalunya considera que España es un Estado plurinacional". El Estatut redefine España.

B >> Temor a un nuevo reparto del pastel

Está al final del Estatut (de la página 45 a la 48), pero como controversia pronto estará por delante del debate sobre si Catalunya es una nación y de cualquier otra cuestión. Se trata del nuevo modelo de financiación que el título sexto del Estatut propone. Recaudación de todos los impuestos, capacidad normativa... Son cuestiones que cuando ya fueron simplemente sugeridas pusieron en estado de alerta a las comunidades autónomas receptoras de fondos de solidaridad.

El modelo consensuado por CiU y el tripartito plantea que, tras recaudar todos los impuestos en Catalunya, la Generalitat haga dos transferencias a las arcas estatales, una en concepto de los gastos generales del Estado (Fuerzas Armadas, el cuerpo de funcionarios de la Administración central, la Corona, etcétera) y otra como aportación a los fondos de solidaridad interterritorial.

La fórmula, es previsible, obtendrá un frontal rechazo del PP, por su ideario ya conocido y porque está en la oposición, pero de todo el Estatut éste es el título que más tensiones internas puede ocasionar en el PSOE, pues dos de las comunidades autónomas más sensibles a un nuevo reparto del pastel de la solidaridad, Andalucía y Extremadura, están gobernadas por Manuel Chaves y Juan Carlos Rodríguez Ibarra, dos dirigentes socialistas de peso.

C >> La incierta división de uno de los tres poderesa

El proyecto de nuevo Estatut, audaz, plantea una reforma profunda de la estructura judicial de Catalunya. Más allá del contenido de la propuesta, ese capítulo es la más clara prueba de la ambición del Estatut de reformar el Estado desde una comunidad autónoma y no desde un debate previo en el seno de las Cortes españolas.

Es todo un capítulo singular, pues su desarrollo está sujeto a que previamente el Gobierno central, de forma unilateral y sin condicionantes previos, revise una ley orgánica. Ha sido, de hecho, una de las polémicas internas de la ponencia del Estatut. ¿Hasta qué punto un estatuto es la vía para reivindicar la reforma de leyes orgánicas del Estado?

Al margen de ese debate, la reforma que plantea el Estatut pretende dotar a Catalunya de un Consejo del Poder Judicial a la catalana --Consell de Justícia de Catalunya, ha sido bautizado-- y reforzar el actual Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de modo que sea prácticamente una última instancia en la escala de recursos y cierre la puerta, pues, al Tribunal Supremo.

D >> Los ministerios recelan siempre de un traspaso

Las competencias y la meta de que la Administración central no entre en el huerto de la Generalitat a catar melones es una capa de barniz que recubre el Estatut de principio a fin. La propia y controvertida apelación a los derechos históricos es un ejemplo. No es una referencia historicista nostálgica. La inclusión de esa expresión es --sostienen sus defensores-- una fórmula jurídica que, bien empleada, permite blindar competencias.

Que las competencias exclusivas le correspondan a la Generalitat de forma "íntegra y excluyente" es una de las minas de previsible estallido en el paso del Estatut por el Congreso. Pero en el capítulo de competencias resultará más determinante la lectura crítica que cada ministerio haga de los artículos que, poco o mucho, le afectan. El Estatut reivindica competencias, por ejemplo, en seguridad nuclear y salvamento marítimo. Todas las administraciones son celosas de lo que tienen. Incluso la Generalitat. En ese sentido, es previsible una extenuante discusión, punto por punto, de cada petición con decenas de argumentos sobre la mesa de por qué ese traspaso es inviable técnicamente.

Es una historia ya conocida. Hace años que la Generalitat reivindica infructuosamente la gestión de los aeropuertos catalanes. El Estatut incluye ahora esa competencia.

E >> El deseo de una 'cuota' catalana en el Estado

El Estatut prevé redefinir la relación entre Catalunya y el Gobierno central a través de la bilateralidad. Es un término que desde la perspectiva de los ponentes del texto define una relación casi entre iguales. Fruto de esa concepción, desde la premisa de que la Generalitat también es Estado y de que Catalunya es, por lengua y cultura, un espacio singular, el Estatut reivindica una hasta ahora inexistente cuota catalana en instituciones y organismos económicos y sociales

Así, los artículos 180 y 181 del proyecto establecen que la Generalitat participará en la designación de magistrados del Tribunal Constitucional y de los consejeros del Consejo General del Poder Judicial, y que, de hecho, el Parlament propondrá candidatos para los cargos.

La misma mecánica se plantea para otros organismos: el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Tribunal de Cuentas, la Agencia Tributaria (con independencia de que la Generalitat tenga una propia), el consejo de Radiotelevisión Española (RTVE), la Agencia de Protección de Datos.

¿Será motivo de polémica? No es lo mismo, pero la numantina resistencia de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones a ser trasladada a Barcelona no invita al optimismo.

EL PERIODICO 

Sábado, 1 de Octubre de 2005

EL PP PROPONE QUE EL ESTATUT SE RECHACE COMO EL 'PLAN IBARRETXE'

Raimundo Castro

• Exige el adelanto de las elecciones si el Gobierno no impide la tramitación • Acebes insiste en que el texto encubre una reforma a fondo de la Constitución

 

MADRID - El PP se opondrá al Estatut en el Parlamento del mismo modo que lo hizo con la reforma del rechazado plan Ibarretxe. Su secretario general, Ángel Acebes, afirmó ayer que, al igual que la propuesta vasca, el nuevo Estatut reforma la Constitución y, en consecuencia, su tramitación en el Congreso sólo puede tomarse en consideración con el apoyo de dos tercios de la Cámara, lo que exige el apoyo de su grupo. Acebes adelantó que no otorgarán su voto favorable y dijo que, si se tramita sin su consentimiento, exigirán el adelanto de elecciones generales.

Para Acebes, el Estatut supone una reforma constitucional "encubierta", lo que se evidencia con la alusión a que Catalunya es una "nación". Por eso mantienen la misma estrategia que sostuvieron contra el lendakari vasco. Pretenden que el Congreso ni siquiera tome en consideración el debate ordinario del nuevo Estatut y que se rechace, por la Mesa del Congreso, para que no se discuta la primera semana de noviembre, como está previsto.

OFENSIVA PARLAMENTARIA

La ofensiva parlamentaria del PP se iniciará en el pleno de control del Gobierno que se celebrará el próximo miércoles en el Congreso. El portavoz conservador Eduardo Zaplana preguntará a la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega si el consenso es suficiente para que una comunidad autónoma "pueda proclamarse como nación". Zaplana afirmará, acto seguido, que esa proclamación es contraria a la Constitución.

MOCIÓN DE CENSURA

Responsables del Grupo Popular añadieron a este diario que conocen las dificultades de que prospere su postura porque sólo tienen 148 de los 350 diputados del Congreso. Plantean un posible adelanto electoral que sólo podría llevarse a cabo mediante el triunfo de una moción de censura contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero no cuentan con los votos suficientes para salir adelante porque están solos frente al resto de la Cámara.

El secretario general del PP aseguró que el Estatut abre "un proceso de separación territorial" y acusó a Rodríguez Zapatero de haber "azuzado" a Catalunya para que se separe de España, coincidiendo con el plan Ibarretxe, porque reúne todos los requisitos de la libre asociación entre la comunidad autónoma y el Estado. De hecho, Acebes afirmó que el Estatut es más preocupante que el plan vasco porque lo impulsan, al tiempo, Rodríguez Zapatero y el PSC.

COMPORTAMIENTO DIFERENTE

Los conservadores recuerdan que la forma de comportarse de los socialistas ante el Estatut y el plan Ibarretxe es muy diferente porque en el Congreso se opusieron a la tramitación del proyecto vasco, pero ahora aceptarán el planteado por el Parlament aunque represente la misma "fractura" de España.

EL PERIODICO 

Sábado, 1 de Octubre de 2005

VARIOS RESPONSABLES DEL PSOE SE ATRINCHERAN CONTRA EL PROYECTO

Salomé García

• Guerra augura un debate interno "duro" pero sin indisciplinas

 

MADRID - Falta mucho tiempo para que los 168 diputados del PSOE en el Congreso deban apretar el botón del sí que abra paso a la tramitación del Estatut en las Cortes, pero muchos ya han fijado su posición contraria al texto que remitirá el Parlament. Desde el artículo 1, que asigna la definición de "nación" para la autonomía, hasta el sistema de financiación acordado el jueves disgustan a un buen número de socialistas, que echan mano de la advertencia de Juan Carlos Rodríguez Ibarra sobre el peligro de "perder un territorio por empeñarse en asegurar otro".

ADVERTENCIA DE CHAVES

Esta oposición frontal al Estatut tiene adeptos en el Gobierno, en el Congreso, en el Senado, en la ejecutiva del PSOE y entre los barones territoriales. El ministro de Defensa, José Bono, ya dejó claro en múltiples ocasiones su desacuerdo con el contenido de la reforma. Ibarra no puede ser más elocuente en su rechazo, hasta el punto de retar a José Luis Rodríguez Zapatero a enmendarlo en el Congreso hasta calzarlo en el esquema constitucional que tiene el dirigente extremeño. Manuel Chaves, presidente de Andalucía --pero también del PSOE--, recordó ayer en una clara advertencia a su partido que el Congreso es "la garantía" de que el Estatut se convertirá en "constitucional, solidario" y garantizará "la cohesión y el equilibrio" en España.

Las referencias a la capacidad constitucionalizadora del Congreso son constantes en estos socialistas. Aunque con diferentes niveles de crispación, y distinta influencia en el partido, coinciden en ello Álvaro Cuesta, Ramón Jáuregui, Victorino Mayoral, Txiki Benegas, Francisco Fernández Marugán, Juan Barranco y Rafael Simancas, entre otros.

"LO QUE MANDE ZAPATERO"

Alfonso Guerra también tiene dudas y tendrá mucho que decir como presidente de la comisión constitucional del Congreso, que tramitará la reforma. Pero por ahora prefiere recordar que el "PSOE es un partido fuerte", que superará "un duro debate interno". Y, tras la pugna de pareceres, votará lo que se acuerde mayoritariamente "sin indisciplinas". ¿Y qué tesis triunfará? "La que mande Zapatero", apostilla un ministro.

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