Todo Sobre el 'Estatut' en EL MUNDO

Por Narrador - 17 de Octubre, 2005, 5:50, Categoría: Información en la Prensa

No entramos en detalles. El diario de Pedro J nos ofrece la más completa información con diferencia. Análisis del articulado, opiniones políticas y visiones de expertos en la materia son la base de las informaciones referidas. De imprescindible lectura.

EL MUNDO

Sábado, 1 de Octubre de 2005

'CATALUÑA HA AGOTADO SU MARGEN DE GENEROSIDAD CON LAS ESPAÑAS'

Leonor Mayor

«¿Si sólo nos quieren para pagar y llamarnos insolidarios, qué hacemos todavía en España?», se pregunta Carod dando vivas a la «Nación Catalana Libre» - El Gobierno advierte que el Congreso «retocará el texto si hay problemas de constitucionalidad» y rechaza el modelo de financiación - El PP pide o que el proyecto se tramite en las Cortes como una reforma constitucional, o que Zapatero las disuelva y convoque nuevas elecciones

 

BARCELONA.- Cuando los diputados catalanes se pusieron en pie ante sus escaños ayer a mediodía y entonaron Els Segadors para celebrar la aprobación del nuevo Estatut, se produjo un cambio de etapa en la política catalana.

Con los 120 votos a favor del nuevo texto -los de CiU, PSC, ERC e ICV, que configuran el 90% de la Cámara- no sólo se daba luz verde a la tramitación en las Cortes de la propuesta de ley estatutaria, también se cerraba la era del pujolismo y se abría una nueva fase en la que Cataluña quiere tener mucho que decir en y sobre España: algunos para tratar de cambiarla, otros para intentar dejarla.

«Nos moriríamos de tristeza si no tuviésemos delante el reto de convencer a España, de seducirla», dijo el presidente de la Generalitat en un discurso que giró en torno a dos ideas que, en su opinión, deben articular el nuevo encaje de Cataluña en España: el federalismo y el fin de la solidaridad económica catalana con el resto del país.

«Hemos llegado donde podíamos llegar. Hemos conseguido que otras autonomías estén mejor equipadas que la nuestra, aunque sean más pobres en renta», argumentó. «Pero ahora es el momento de decirles: volad solas, ya estáis en condiciones», añadió Maragall, tras insistir en que Cataluña, como Alemania, «vive una situación de agotamiento del margen de maniobra que tenía para poder ser generosa».

No obstante, el president subrayó que Cataluña no abandonará a otras regiones a su suerte: «Por descontado, seguirán siendo ayudadas», afirmó, resumiendo así la filosofía del nuevo sistema de financiación recogido en la propuesta estatutaria.

Un modelo pactado tras unas arduas negociaciones, primero entre el PSC y ERC, luego entre los socialistas y CiU, que se ha materializado en una petición a las Cortes para que Cataluña sea la titular de todos los impuestos, los recaude, los inspeccione y los regule para después entregar una parte al Estado por dos conceptos: el pago de los servicios que la Administración central presta en territorio catalán y la contribución de solidaridad para el desarrollo de las comunidades más pobres.

La cuestión financiera es la estrella del nuevo Estatut. Pero también lo es el encaje de Cataluña «en la nación de naciones que es España». Maragall reiteró su apuesta por el modelo federal que siempre ha defendido, aunque aseguró que «no nos pelearemos por los nombres». Para el president, la batalla debe librarse contra «la unidad impuesta, que no queremos», para conseguir la «libre unidad», que sí desea el PSC.

ERC no podía estar más feliz con la aprobación del Estatut. Pero la tesis del líder de los republicanos, Josep Lluís Carod-Rovira, no coincide con la del máximo dirigente de los socialistas catalanes: «Para nosotros, es un paso más, no hacia otro Estatut, sino hacia un objetivo legítimo: hacia un Estado, el nuestro», dijo Carod, durante su intervención en la tribuna.

Pero en materia de financiación autonómica, las tesis de Carod sí coinciden con las de Maragall: «Si sólo nos quieren para pagar y llamarnos insolidarios, ¿qué hacemos todavía en España?», se preguntó el líder de la formación independentista.

Las diferencias de concepto entre socialistas y republicanos son innegables, pero la imagen de la política catalana era ayer, por primera vez en mucho tiempo, de unidad. El líder de CiU, Artur Mas, fue el encargado de escenificar esa unión que deja atrás la crisis abierta después de que CiU, pese a ganar las elecciones, no consiguiese gobernar por el pacto tripartito que llevó a PSC, ERC e ICV al Palau.

Y después de la crisis del 3%, generada cuando Maragall acusó al Gobierno de Pujol de cobrar comisiones a los constructores por adjudicar obra pública, y que acabó en los tribunales. Y después de la negociación estatutaria, que ha provocado un cruce de acusaciones e insultos entre los diputados catalanes más propias de un patio de colegio que de un Parlamento...

«A Maragall debemos reconocerle un doble mérito: haber conducido a su partido hacia estas posiciones estando en la oposición, y haber mantenido la apuesta, cuando ya gobernaban en España los que nos podían decir que sí», dijo Mas, reconociendo por primera vez la legitimidad de Maragall como presidente de la Generalitat, y tras asegurar que durante los últimos meses, «por primera vez», la relación entre ambos líderes se ha hecho «más estrecha, más franca».

Mas también fue el encargado de tomar el relevo de la generación política que le precede, el relevo del que ha sido su mentor, Jordi Pujol. «Este proyecto de Estatut no habría sido posible sin el magnífico trabajo de toda la generación que nos ha precedido, sin la que hoy no estaríamos donde estamos», indicó.

En la nueva etapa, que iniciará su andadura en Madrid, las peticiones se harán de golpe y con ambición. La primera fase arrancará la semana que viene, cuando el president del Parlament, Ernest Benach, lleve al del Congreso de los Diputados, Manuel Marín, la proposición de ley estatutaria que ayer se acordó en la Cámara catalana.

Un texto en el que Cataluña reivindica, entre otras muchas cosas, definirse como una nación, participar en las instituciones del Estado, establecer una nueva dialéctica -de tú a tú- con la Administración central, evitar que las leyes españolas invadan las competencias de la Generalitat, remodelar el sistema judicial para que el Tribunal Superior de Justicia catalán sea la última instancia en esta comunidad...

Para la clase política catalana, la unidad que demostró ayer es la clave para poder abordar y conseguir el éxito de este proceso. Y el PSC, como parte de la formación que gobierna en España y con el explícito permiso de CiU, será el encargado de capitanear esta misión. «A partir de este momento, la principal responsabilidad la toma el Partido Socialista», señaló el propio Mas en su discurso, que fue el más aplaudido de la mañana.

Sólo el PP se quedó fuera de esa imagen de unidad. Su líder en Cataluña, Josep Piqué, pronunció un discurso realista, después de que sus 15 diputados fuesen los únicos que votaron en contra de la propuesta para emprender la reforma estatutaria.

Para Piqué, el proyecto de Estatut no pretende otra cosa que romper las reglas del juego, pues «intenta cambiar la naturaleza de los que se llama el Estado de las autonomías y, por tanto, la sustancia del pacto constitucional del 78».

Por eso, en su opinión, no es nada fácil que la reforma se acepte en Madrid y eso, según Piqué, es algo que no se le escapa al resto de los parlamentarios catalanes. El líder popular acusó a sus compañeros de hacer política de una forma «irresponsable», pues «no es bueno que se trasladen determinadas expectativas a los ciudadanos que después podrían verse frustradas».

Pero Piqué predicaba en el desierto. Ni el resto de partidos ni los invitados escucharon sus advertencias. En la tribuna de invitados aplaudieron la aprobación del Estatut el alcalde de Barcelona, Joan Clos; el secretario general de Presidencia, Ernest Maragall; el presidente del Barça, Joan Laporta; el presidente del Instituto de Estudios Autonómicos, Carles Viver Pi Sunyer, y la esposa de Maragall, Diana Garrigosa, entre muchos otros.

Estos invitados asistían a la culminación de un largo proceso. La reforma estatutaria arrancó hace casi dos años con los textos propuestos por la entidad que dirige Pi Sunyer. Unos documentos que analizaba semanalmente la ponencia estatutaria que, entre otros, han integrado Miquel Iceta y Lidia Santos (PSC), Quico Homs (CiU), Joan Ridao (ERC) y Jaume Bosch (ICV). La primera lectura les llevó casi un año.

Tras muchas diferencias, el pasado julio se aprobó una propuesta cuya constitucionalidad fue revisada por el Consell Consultiu durante el mes de agosto. En septiembre se abrió un periodo de duras negociaciones que culminó ayer con el voto a mano alzada de los diputados, con aplausos, con el canto de Els Segadors y con un brindis con cava. Ahora se abre un proceso en Madrid que promete ser igual o más largo e intenso. Un proceso en el que Maragall cuenta con que colabore el presidente del Gobierno: «Zapatero es una persona muy franca muy directa. Él ha proclamado más de una vez que respeta el término de nación para Cataluña y hará todo lo posible por conseguir que España entera lo entienda», dijo el presidente de la Generalitat anoche en declaraciones a TVE.

EL MUNDO

Sábado, 1 de Octubre de 2005

«LO HABEIS HECHO MUY BIEN»

 

Todos los partidos catalanes, excepto el PP, expresaron ayer su satisfacción por la aprobación del Estatut. El propio Pujol felicitó conjuntamente a Mas y Maragall con un «lo habéis hecho muy bien». El ex presidente asumía así que se cierra la era en que Cataluña obtenía de España poco a poco y, principalmente, a través de su apoyo a los distintos gobiernos centrales cuando éstos estaban en minoría.

EL MUNDO

Sábado, 1 de Octubre de 2005

EL GOBIERNO ADVIERTE DE QUE LAS CORTES LO CAMBIARÁN PARA ADECUARLO A LA CONSTITUCIÓN

Fernando Garea

Zapatero admite ante sus ministros que será «complicado», pero les pide que eviten el alarmismo

 

MADRID.- José Luis Rodríguez Zapatero abrió ayer el Consejo de Ministros animando a sus miembros a trabajar para que el proyecto de Estatut pueda ser modificado en las Cortes hasta convertirlo en una «reforma aceptable».

El presidente tuvo que animar a sus ministros porque algunos tienen la impresión de que el asunto se les ha ido de las manos, que va a ser muy difícil reconducirlo y buscar aliados en el Congreso para hacerlo y que, finalmente, «ha llegado un texto más fuerte de lo que se esperaba», según palabras de un asistente.

No obstante, ayer no hubo respuestas críticas y se pasó rápidamente al primer punto del orden del día del Consejo de Ministros. Antes, Zapatero les avisó brevemente de que hoy sería más explícito en su valoración en un acto programado en León y admitió que el trabajo «será complicado», pero que habrá que hacerle frente.

Fue escueto y hoy intentará desdramatizar, con el argumento de que no hay que temer el debate.

Ayer utilizó el ejemplo el plan Ibarretxe sólo para conminar a los suyos a no seguir los «gritos histéricos de unos y otros» y mantener la calma para reconducir la situación.

El proyecto de Estatuto precisa ser reconducido porque el Gobierno admite abiertamente que tiene aspectos inconstitucionales que habrá que modificar. El más claro es el de la financiación, próxima al concierto vasco, y que supone que Cataluña recaudará todos los impuestos que se paguen en su territorio y luego devolverá al Estado una parte.

De hecho, la vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, repitió ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el propio Consell Consultiu consideró inconstitucional esta propuesta.

La vicepresidenta reiteró la posición del Gobierno: el modelo de financiación debe basarse en la multilateralidad y debe ser igual para todos, con la única excepción de Navarra y País Vasco, tal y como prevé la Constitución.

Financiación rechazada

El modelo establecido en el proyecto de Estatut es singular para Cataluña y, según el Gobierno, no puede ser aceptado en el trámite en las Cortes. «Por ahí no pasamos», asegura un miembro del Gobierno.

El otro punto controvertido es el de la definición de nación, que Zapatero aparentemente ha defendido en público pero que destacados miembros del Gobierno rechazan abiertamente.

De manera significativa, el ministro del Interior, José Antonio Alonso, reiteró ayer su rechazo al uso de ese término en el Estatut en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Como él piensan, al menos, José Bono y Juan Fernando López Aguilar.

Alonso aseguró que da «por reproducidas» sus palabras de rechazo a ese término e incluyó una disquisición sobre «la Constitución como ley de leyes, con un valor intrínseco importante» y la necesidad de respetarla.

Otros puntos rechazados por el Ejecutivo y, por tanto, susceptibles de cambio en las Cortes, son los del blindaje de competencias, el uso unilateral del artículo 150.2 de la Constitución, que permite que el Estado transfiera con una ley competencias propias, y el hecho de que, finalmente, la Generalitat quedaría como única administración en Cataluña. Fernández de la Vega no incluyó ninguna de ellas en su argumentación, alegando que había que esperar al texto definitivo aprobado y su análisis detallado.

Lo que sí hizo fue advertir de que el proyecto será modificado en el Congreso para «aplicar el máximo rigor constitucional» y para que «el texto final sea acorde a la Constitución de la A a la Z».

La portavoz del Gobierno utilizó en público el eufemismo de «retocar» el texto. Lo hizo no porque no sea consciente de que es preciso cambiarlo en profundidad, sino porque el Gobierno cree necesario compaginar esa intención con la imagen de respeto a la decisión del 90% del Parlamento de Cataluña. Por eso, Zapatero pidió a sus ministros respeto al Parlamento catalán.

«Los dos criterios son el respeto por la norma emanada de un parlamento autonómico y máximo rigor constitucional», aseguró. No obstante, repitió que sólo se ha cumplido la «primera fase», y que la segunda y definitiva empieza ahora en las Cortes. O sea, que las Cortes tienen la última palabra.

Por eso, la vicepresidenta primera aseguró que la promesa de Zapatero de respetar el texo que venga de Cataluña sin tocarlo debe entenderse dentro de las condiciones de consenso, constitucionalidad y respeto al interés general.

Cómo la número dos del Gobierno dijo que el proyecto se cambiará en su trámite parlamentario, se supone que es porque no le ve constitucional o bueno para el interés general, porque el consenso es innegable. En todo caso, el Gobierno se encargó ayer de recordar que todos los proyectos de estatutos que han pasado por las Cortes han sido modificados en su trámite.

Otra de las ideas de la portavoz del Gobierno, siguiendo la consigna previa de Zapatero, fue la de rechazar el planteamiento alarmista del secretario general del PP, Angel Acebes. Aseguró que «es un proceso de absoluta normalidad democrática», con unos cauces establecidos.

EL MUNDO

Sábado, 1 de Octubre de 2005

«UN PASO MÁS HACIA UN ESTADIO LEGÍTIMO, EL ESTADO»

Ferran Boiza

BARCELONA.- Encendido. El presidente de ERC, Josep Lluís Carod-Rovira, se alejó ayer de los discursos institucionales del resto de líderes políticos catalanes y se dejó llevar por su vena mitinera, la que explota hasta el límite en las campañas electorales.

No faltaron apelaciones al futuro «Estado» catalán, al «centralismo» de Madrid y a la Historia.

Carod cerró su discurso con un viva a la «Nación Catalana Libre», pero había empezado proclamando que, para su partido, el Estatut aprobado ayer es «un paso más hacia un estadio legítimo, el Estado, nuestro Estado». Y es que, para ERC, el Estatut sólo es una parada más en el largo viaje «hacia la soberanía».

El líder republicano se congratuló de que los «independentistas» hayan conseguido sumar esfuerzos con los «federalistas» del PSC y los «autonomistas» de CiU y reclamó «unidad nacional» en la defensa del Estatut en el Congreso de los Diputados. En esta línea, destacó que el texto aprobado ayer en el Parlament es una «mano tendida al entendimiento con España, un pacto sincero» con el Estado, aunque sólo para los «años más inmediatos». Por ello, reclamó a Rodríguez Zapatero que también «tienda la mano» a Cataluña para que su proyecto de la España plural «no pierda credibilidad».

Sin embargo, y recordando que ya el Estatut de 1932, que reconocía el «derecho a la autodeterminación de Cataluña», sufrió un «recorte colosal» en Madrid, reclamó que el Congreso aborde el debate renunciando a la «mentalidad centralista, uniformista y alérgica a la diversidad» de «quienes todo lo miran y analizan desde un solo punto de vista: la unidad de España».

Para Carod, «si ahora no es posible» que el Congreso acepte las demandas de Cataluña, «se evaporará la posibilidad de pensar que hay otra España, que quiere convivir con nosotros tal y como somos, sin subordinaciones».

EL MUNDO

Sábado, 1 de Octubre de 2005

«AHORA RECLAMAMOS QUE ESPAÑA NO NOS DÉ LA ESPALDA»

Ferran Boiza

 

BARCELONA.- Artur Mas no pronunció ayer un discurso de jefe de la oposición. Su alocución fue más propia de un presidente de la Generalitat. No en vano, ha defendido hasta la extenuación la necesidad de que CiU respaldara el Estatut frente, incluso, a sus más allegados colaboradores y al propio ex president Jordi Pujol.

Y ayer, Mas hizo el discurso que le hubiera gustado pronunciar como inquilino del Palau de la Generalitat. Alejado del radicalismo de otros, el líder de CiU destacó que el Estatut ha sido aprobado por «vías democráticas y pacíficas, ajustándonos al marco legal, la Constitución».

En su opinión, el texto es un «buen Estatut, ambicioso, que fija el horizonte nacional» hacia el que se dirige Cataluña. «No podíamos fallar, y el miedo a lo que pueda suceder en Madrid no podía condicionar nuestros anhelos», sostuvo el líder de CiU.

Para Mas, «Cataluña ha hablado a través de su Parlament con la voz clara y alta», aunque todavía queda lo más difícil: «Ahora tenemos que sabernos explicar y hacernos entender, pero también hacernos respetar».

El presidente de CiU recordó que «Cataluña no ha dado nunca la espalda a España» y, por ello, se permitió reclamar que, «ahora, España no nos dé la espalda a nosotros». Eso sí, prefirió imaginar que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cumple su palabra y el Congreso de los Diputados ratifica el texto aprobado ayer por el Parlament. El proceso «no puede acabar mal porque no quiero imaginar las consecuencias», dijo Mas, para añadir: «Nadie saldría indemne».

Después de pedir disculpas a los catalanes por la excesiva dilatación de la negociación, el jefe de la oposición en Cataluña apuntó que, a partir de hora, la principal responsabilidad recae en el PSC, que tendrá que defender el proyecto estatutario ante el PSOE en Madrid.

EL MUNDO

Sábado, 1 de Octubre de 2005

EL PP RECLAMA ELECCIONES ANTICIPADAS SI EL GOBIERNO NO TRAMITA UNA REFORMA CONSTITUCIONAL

Carmen Remirez de Ganuza

Entiende que el Estatut es un cambio encubierto de la Carta Magna y requiere una mayoría cualificada - Acebes: «El presidente del Gobierno ha azuzado a una comunidad autónoma a separarse de España»

 

MADRID.- El PP reclamó ayer al Gobierno que convoque elecciones anticipadas en el caso, ya prácticamente anunciado, de que acepte debatir el Estatut en el Congreso como si fuera una reforma estatutaria normal, en lugar de hacerlo con los mecanismos y garantías establecidas para una auténtica reforma constitucional.

Así, según el criterio político desvelado ayer por el número dos del partido, Angel Acebes, el debate del polémico texto en el Congreso precisa de una mayoría de los dos tercios del Hemiciclo -no sólo la mayoría absoluta contemplada para las reformas estatutarias, y que hace prescindible al PP-, así como la posterior disolución de las Cámaras, para su definitiva aprobación -también con la suma de dos tercios de los escaños- en el nuevo Parlamento.

Conscientes de que el Gobierno no parece dispuesto a afrontar esta tarea, para la que serían necesarios los votos del PP, los hombres de Rajoy adelantaron ayer una segunda advertencia, reclamando unas elecciones anticipadas como única alternativa posible a la señalada reforma constitucional. Según explicó Acebes, todos los españoles tienen «derecho» a opinar sobre un proyecto de esta trascendencia para su propia soberanía y que «no estaba en ningún programa electoral».

En definitiva, por un camino o por el otro el primer partido de la oposición no ve compatibilidad entre la tramitación del Estatut y la continuidad de la presente legislatura.

La aprobación, ayer, del nuevo texto en el Parlament fue ponderado por el secretario general de los populares como de una «extrema gravedad». Acebes asimiló desde el punto de vista doctrinal el Estatut con el plan Ibarretxe, pero lo consideró aún «más preocupante» porque la reforma auspiciada por el PNV desde el Gobierno vasco «no venía, como ésta, impulsada por el presidente del Gobierno, ni apoyada por el Partido Socialista de Euskadi».

En la afirmación más dura pronunciada ayer, Acebes llegó a proclamar que, «por primera vez en las páginas de nuestra Historia, asistimos a que un presidente del Gobierno ha azuzado a una comunidad autónoma para separarse de España».

La autoproclamación de Cataluña como nación -promovida por el propio Zapatero, según subrayó-, la definición de una fiscalidad y de una Justicia propia, y la relación de bilateralidad con el Estado son, a su juicio, la sustancia del cambio de reglas del juego establecidas en la Constitución del 78 y la equivalencia con un proyecto de «libre asociación».

Peor que el 'plan Ibarretxe'

El ejemplo del plan Ibarretxe sirve a los populares para alertar a los españoles de que no es posible, en las actuales condiciones políticas, celebrar un Pleno como el de febrero pasado, en el que los dos partidos mayoritarios rechazaron con sus votos la toma en consideración de la pretendida reforma estatutaria.

Aquel Pleno, en el que el propio Juan José Ibarretxe defendió su plan, tenía el mismo objeto que el de la semana pasada, en que se aprobó la toma en consideración de la reforma del Estatuto valenciano, con la presencia de Francisco Camps en la tribuna de invitados.

En opinión del PP, si el Gobierno no se compromete previamente -como lo hizo en el caso vasco- a rechazar el debate en Comisión, tampoco debe celebrarse el Pleno de su toma en consideración. Así, técnicamente, el momento para convocar elecciones se situaría entre la admisión a trámite del Estatut por parte de la Mesa del Congreso de los Diputados, y la fecha prevista para el Pleno.

Para los populares, existe en todo caso un plan C -si no hay reforma constitucional ni elecciones anticipadas-, que es el que dicta el realismo político. Si, como parece, Zapatero y su partido dan luz verde a la negociación del Estatut en el Congreso, el PP participará «de manera activa» para oponerse, artículo por artículo, a que el texto vea la luz. Como decía días atrás Rajoy, «daremos la batalla por España».

EL MUNDO

Sábado, 1 de Octubre de 2005

EL PSC DICE QUE ESTÁ EN JUEGO EL ESTATUT Y LA RELACIÓN CON EL PSOE

Manuel Sanchez

Guerra intuye una negociación «complicada» pero sin dramatismos

 

MADRID.- Rechazo frontal y mayoritario al Estatuto de Cataluña. Preocupación generalizada por el periodo político que se avecina. Y, sobre todo, malestar político. Así está la situación en las filas del PSOE tras la aprobación de la reforma del Estatuto de Cataluña.

Sin embargo, predomina la sensación de esperar a ver qué pasa. Hay interés por oír un pronunciamiento de José Luis Rodríguez Zapatero. Como se suele decir, que fije posiciones.

Además, Alfonso Guerra, como presidente de la Comisión Constitucional y con su experiencia en negociaciones similares durante la Transición, da tranquilidad a algunos sectores del partido.

De hecho, ayer, el ex vicepresidente del Gobierno hizo unas declaraciones muy moderadas. Afirmó que la negociación será «complicada y larga».Insistió en que ve aspectos muy problemáticos en muchos artículos y anunció futuras modificaciones.

Sin embargo, insistió en que nadie «debe dramatizar» si se hacen cambios, a la vez que recordó que «lo que se ha aprobado ayer no es un Estatuto, es una Proposición de Ley y las Proposiciones de Ley se aprueban en el Parlamento de España, no en los parlamentos de las comunidades autónomas», dijo.

La sensación más extendida en el PSOE, sin embargo, es que el Parlamento se va a encontrar con una situación muy complicada, donde están en juego muchas cosas y no sólo el Estatuto.

De hecho, un portavoz del PSC comentó ayer a EL MUNDO su convencimiento de que la reforma estatutaria saldrá adelante en el Congreso, aunque puedan existir determinadas modificaciones. «Y debe salir», dijo, «porque aquí no sólo está en juego la aprobación del Estatuto, sino también las relaciones en el futuro entre el PSOE y PSC».

A la postura del PSC se responde desde algunos escaños del PSOE diciendo ya, de antemano, que tal y como está aprobado el Estatuto de Cataluña que no cuenten con sus votos ni, incluso, con su continuidad como diputados o en el partido.

Sin embargo, en esto también Guerra hizo ayer de parachoques, al asegurar que en el PSOE «se discutirá, y lo que diga la mayoría del grupo será lo que se adopte. Los partidos políticos catalanes ya han hecho su labor, y ahora les toca a los grupos del Parlamento nacional», indicó.

Ante este panorama, un veterano conocedor del PSOE, que cumplirá en 2006 veinte años en la cocina del partido, indicó: «Van a producirse grandes tensiones y nos esperan momentos difíciles. Pero es Rodríguez Zapatero quien ha querido que esto sea así. Al final, esto saldrá, mejor o peor, pero saldrá. Pero vienen tiempos duros. Depende del presidente cómo sepa administrarlos».

El martes, en la reunión del Grupo Parlamentario Socialista, a buen seguro que empezarán las discusiones políticas, porque hay posiciones muy encontradas.

EL MUNDO

Sábado, 1 de Octubre de 2005

PIQUÉ: «SE DEBILITA EL VÍNCULO CON EL CONJUNTO DE ESPAÑA»

Ferran Boiza

 

BARCELONA.- Sobre las 11.00 horas de ayer, cuando el presidente del Parlament, Ernest Benach, daba cuenta de la votación que aprobaba el nuevo Estatut, los 120 diputados que lo habían respaldado se pusieron de pie y aplaudieron. También en la tribuna de invitados se aplaudía. En el hemiciclo, sólo los ujieres y los 15 diputados del PP, que permanecieron sentados, no lo hicieron, poniendo en evidencia la soledad en que se encuentra en Cataluña el partido de Josep Piqué.

El presidente del PP catalán inició su intervención denunciando que el nuevo Estatut «debilita los vínculos de Cataluña con el conjunto de España» y que «aleja sentimentalmente a Cataluña de España», y señaló un culpable: Pasqual Maragall. Para Piqué, es comprensible que partidos nacionalistas, como CiU o ERC, busquen distanciarse del resto del Estado, pero aseguró que le cuesta «mucho más comprender que fuerzas políticas con proyectos para el resto de España entren en este juego». Por ello, presentó al PP catalán como la única fuerza política catalana que quiere «fortalecer los vínculos de Cataluña con el conjunto de España».

Una de las críticas más repetidas desde las filas del PP durante los tres días de debate estatutario en el Parlament ha sido que el nuevo texto pretende modificar la estructura del Estado. Piqué, en su intervención de ayer, no lo obvió y criticó que, en el «trasfondo» del nuevo Estatut, se encuentre el deseo de «modificar la naturaleza del Estado». No en vano, el Estatut define a España como un «Estado federal», pese a que la Constitución no lo recoge.

El líder popular exigió pragmatismo a los políticos catalanes y les pidió que no den por conseguidas las demandas incluidas en el texto, porque los recortes en Madrid pueden generar «frustración» en Cataluña.

EL MUNDO

Sábado, 1 de Octubre de 2005

LOS 10 PUNTOS INCONSTITUCIONALES DEL ESTATUT, SEGÚN EL PP

Desde el término 'nación' a los derechos históricos o la financiación, los 'populares' hallan numerosas vulneraciones a la Carta Magna

 

MADRID.- El Partido Popular ha elaborado un informe de 10 puntos en el que argumenta la inconstitucionalidad del texto aprobado ayer por el Parlament catalán. Este es el documento íntegro:

«La propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía vulnera la Constitución en aspectos esenciales de la misma. La propia configuración del proyecto, en sus planteamientos, es contraria a la Constitución. Informes, como un voto particular en el Informe del Consejo Consultivo de Cataluña, han detallado más de 80 supuestos de inconstitucionalidad. Este informe se limita exclusivamente a los 10 aspectos más destacables, agrupándose en muchos de ellos distintos motivos concretos de inconstitucionalidad del articulado:

1. Término 'nación' / Referencia a un Estado plurinacional

El concepto nación es un concepto jurídicoconstitucional, que va aparejado a la idea de soberanía. Vulnera el artículo 2 de la Constitución española.

2. Derechos históricos

Aún pervive la referencia a los derechos históricos para justificar la posición especial de Cataluña en aspectos como la educación, competencia que se atribuye con carácter exclusivo, obviando la legislación básica del Estado.

3. Deber de conocer la lengua oficial, que además se impone a todos los funcionarios de la Administración de Justicia. Vulnera, entre otros, el artículo 3 de la Constitución.

4. Poder Judicial

Conduce en la práctica a la creación de un Poder Judicial propio en Cataluña. Vulnera, entre otros, los principios de unidad jurisdiccional y de igualdad en la aplicación de la Ley, regulando además una materia que la Constitución reserva a una ley orgánica (art. 122 y 117).

Configura el Tribunal Superior de Justicia como la última instancia judicial, atribuyéndole el conocimiento de los recursos de casación y limitando la función del Supremo al recurso para unificación de doctrina.

Crea una Sala de Garantías en el TSJ para conocer los actos que vulneren los derechos reconocidos por el Estatuto.

Crea el Consejo de Justicia de Cataluña, como órgano delegado del CGPJ.

Regula el nombramiento del presidente del TSJ, a partir de una terna designada por el Consejo de Justicia de Cataluña.

Crea el fiscal superior de Cataluña, que se regirá por una Ley del Parlament.

5. Técnica del blindaje de competencias y delimitación de la legislación básica del Estado

Determina cuáles deben ser las competencias del Estado, bien de forma expresa, bien mediante la utilización de la técnica de incorporar en el Estatuto una cláusula general de atribución competencial en favor de la comunidad autónoma. Y revisa el concepto formal y material de las bases que al Estado sólo corresponde fijar, convirtiéndolas en meros principios y reglas orientadoras. Vulnera el reparto competencial establecido en el Título VIII de la Constitución.

6. Atribución de competencias vía artículo 150.2 de la Constitución española

El Estatuto atribuye a la Generalitat competencias exclusivas del Estado, obligando a éste a cederlas mediante una ley de Transferencias, regulada en el art. 150.2 de la Constitución. La transferencia o delegación de facultades en materias de competencia estatal es una potestad unilateral del Estado, que exige que la competencia sea delegable por naturaleza, ha de hacerse caso por caso y es esencialmente revocable por el Estado, que puede establecer los mecanismos de control oportunos.

Puertos y aeropuertos de interés general.

Dominio público radioeléctrico.

Red viaria.

Inmigración y extranjería.

Otorgamiento de permisos de conducir, matriculación de vehículos y la ejecución en general de competencias sobre tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial.

Consultas populares.

Títulos académicos y profesionales.

Fijación de las demarcaciones judiciales y planta judicial.

7. Modificación de leyes generales del Estado

El Estatuto impone la modificación de una serie de leyes generales del Estado para dar efectividad a una serie de preceptos que afectan:

Ley Orgánica del Poder Judicial.

Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Ley Orgánica de Régimen Electoral General.

Lofage.

Ley reguladora del derecho de referéndum.

Así como todas las leyes del Estado que regulen organismos en los que la Generalitat se reserve el derecho a designar representantes.

Es inconstitucional que el Estatuto establezca una obligación al Estado de modificar una ley de aplicación general, predeterminando además el contenido de aquélla.

8. Relación bilateral Estado-Generalitat

Se establece una relación de igual a igual entre el Estado y la Generalitat. La Generalitat tendrá plena capacidad para decidir con carácter exclusivo y excluyente sobre los asuntos esenciales que atañen a los catalanes, sin perder la capacidad de codecidir con el resto de España los asuntos que afectan a todos los españoles.

La Generalitat pasa a tener una especie de competencia exclusiva sobre todo su territorio. Prácticamente cualquier actuación de la Administración General del Estado en Cataluña requerirá su consentimiento en el marco de una Comisión bilateral.

El Estatuto establece un sinfín de supuestos en los que el Estado necesitará permiso de la Generalitat para actuaciones que tengan que ver con Cataluña, como es el caso de:

Trazar carreteras nacionales o ferrocarriles de alta velocidad.

Realizar trasvases de agua.

Adquirir bienes de interés cultural o autorizar instalaciones de energía eléctrica.

Determinar la ubicación de infraestructuras y equipamientos de titularidad estatal en Cataluña.

Declarar y delimitar espacios naturales de protección estatal.

Esta Comisión bilateral tiene, además, facultades para determinar con el Estado la orientación de un buen número de políticas públicas que son competencia del Estado, como la política migratoria, la planificación de la Sanidad, de la energía, de la actividad económica

La Generalitat se reserva el derecho a designar un representante en todos los organismos estatales reguladores, nombrado por razón de su procedencia geográfica (Banco de España, CNMV, CMT, Tribunal de Cuentas, Consejo Económico y Social, AEAT, Comisión del Sistema eléctrico, Agencia de Protección de Datos, Consejo de RTVE), además del derecho a participar en la designación de los miembros del Tribunal Constitucional y del CGPJ.

9. Relaciones con la Unión Europea y acción exterior de la Generalitat

Vulnera la reserva estatal en materia de relaciones exteriores, así como la relativa a la suscripción de tratados internacionales.

10. Financiación

Fija un modelo unilateral de financiación que vulnera los principios de igualdad y solidaridad, reconocidos en el art. 2, además de lo dispuesto en los artículos 156 y 157 de la Constitución. Podría ser también contraria a lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución española, ya que la potestad para establecer y exigir tributos corresponde única y exclusivamente al Estado, y las comunidades autónomas sólo pueden establecer y exigir tributos cuando así lo decida el Estado y en los términos en que el Estado establezca. Puede vulnerar también la autonomía local».

EL MUNDO

Sábado, 1 de Octubre de 2005

EL PADRE FUNDADOR DE TODOS LOS HUEVOS

Lourdes Martin Salgado

...«Le pido, con la máxima cordialidad, afecto y respeto, al presidente de la Generalitat y a todos ustedes, que no obliguen a CiU a decir que no, cuando nosotros queremos decir que sí»... (Artur Mas / Pleno del Parlamento de Cataluña)

 

Puede que Artur Mas sea la oposición en Cataluña, pero esta semana ha logrado aparecer como el auténtico president, liderando al tripartito exactamente donde él quería. Mientras los de Maragall y toda la prensa catalana se esforzaban por poner en evidencia al líder de CiU como el obstaculizador del acuerdo para el Estatut, aquél supo dar la vuelta a la tortilla con su discurso en el Parlament. Son ustedes, vino a decir, los que quieren un «Estatuto cojo», y yo no lo consentiré. «No nos obliguen a votar no». Por eso, es de justicia considerar a Mas el principal padre fundador del polémico texto final, financiación incluida.

Fundamentalmente, Mas ha partido de una falacia de petición de principio, en la que simplemente se afirma aquello que se debería demostrar. Después de haber conseguido todo lo que como nacionalista e intervencionista pudiera desear, el líder de CiU afirmó que un Estatuto sin modelo de financiación no sería Estatuto. La financiación, señaló Mas, es «la madre de todos los huevos».La argumentación falaz consiste después en plantear como probatorias al resto de parlamentarios pro Estatuto una serie de premisas que aquéllos no puedan rechazar, implicando que aceptarlas conduce necesariamente a la conclusión que defiende el orador. Las premisas de Mas fueron tres: una, que el Estatuto «ha de servir al menos para una generación entera»; dos, que los parlamentarios catalanes «no deben subordinarse a otras realidades» (entiéndase, el Congreso de los Diputados), y la tercera, que «no somos nosotros desde Cataluña los que debemos aplicarnos las rebajas y hacer lecturas restrictivas de la Constitución española». Además, para redondear su argumentación, Mas recordó una realidad de la que Zapatero no ha querido o no ha sido capaz de enterarse hasta ahora, y es que, puesto que «Cataluña es una nación», tal y como aprobó el Parlament, «eso, lógicamente, no es una descripción retórica, ni tampoco una definición estética. Eso tiene consecuencias. Y nosotros, lógicamente, hemos defendido esas consecuencias. Un país que se define como nación ha de comportarse como tal».Aquí no le falta razón a Mas.

Por supuesto, el líder de CiU en ningún momento renunció a la estrategia favorita de todo nacionalista, que es la de pedir a los demás que no actúen de forma partidista cuando se trata de Cataluña. Ni un sonrojo por el hecho de que durante año y medio hayamos sido testigos de un proceso que respondía únicamente al interés de los partidos. La retórica lo aguanta todo, y cuando Mas dice que «éste es un terreno en el que no podemos hacer renuncias de país», ha de entenderse que no es él el que habla, ni siquiera CiU, sino la mismísima Cataluña. De nuevo, ningún miembro del tripartito va a poner en evidencia esta falacia, por el simple hecho de que ellos la utilizan a diario.

El delfín de Pujol no dejó ningún fleco que pudiera indicar que no era su proyecto esencial el que se iba a aprobar, aclarando que en nada iba a diluir su propuesta. Sólo la iba a aderezar, dijo, con palabras «reimaginadas». Al fin y al cabo, espetó a Maragall, usted y yo ya habíamos llegado a un acuerdo. Y es entonces cuando Mas clava la estocada final: «En situaciones complicadas como la que vivimos es cuando un president es más necesario».«Alguien como yo»... no le hizo falta añadir.

EL MUNDO

Sábado, 1 de Octubre de 2005

LA SOCIEDAD CIVIL CATALANA CELEBRA EL ACUERDO Y DESTACA LA FINANCIACIÓN

 

BARCELONA.- La sociedad civil catalana aplaudió ayer el final del proceso estatutario y se mostró satisfecha por el techo de competencias conseguido. Desde las organizaciones empresariales a las centrales sindicales se destacó principalmente el nivel de consenso conseguido y el modelo de financiación.

Fomento del Trabajo calificó de «paso adelante» la aprobación del Estatut en Cataluña con una «amplia mayoría». La única objeción de la organización presidida por Joan Rosell es el hecho de que «las nuevas aspiraciones que la propuesta plantea tienen que poder ser integradas en el bloque de constitucionalidad en la fase que ahora se abre», por lo que pidió que se dejara a un lado «cualquier prejuicio».

La patronal independiente de pymes, Pimec, habló de la jornada de ayer como «un día histórico». Su presidente, Josep González, destacó la mejora de financiación que supondrá para Cataluña el nuevo texto -«que tanto necesitamos y hemos perdido», señaló-.Según explicó a Europa Press, esos nuevos recursos deberán servir para reducir el retraso en infraestructuras e incentivar la internacionalización de las empresas catalanas.

Más optimistas que las patronales fueron los sindicatos. CCOO manifestó su «plena satisfacción» por el acuerdo, porque supone «un paso adelante» para «hacer efectiva la voluntad del pueblo de Cataluña de ampliar el autogobierno, mejorar la financiación y afirmar la identidad nacional a partir del reconocimiento y mejora de los derechos de ciudadanía».

El segundo sindicato, UGT, también valoró positivamente el resultado del Pleno estatutario. Su secretario general, Josep Maria Alvarez, subrayó que el nuevo Estatut permite tener «nuevas herramientas para acercar más la Administración y el Gobierno a los ciudadanos».

EL MUNDO

Sábado, 1 de Octubre de 2005

EL GOBIERNO QUIERE QUE SE DEBATA LA ADMISIÓN A TRÁMITE EL 22 DE NOVIEMBRE

Fernando Garea

 

MADRID.- El Gobierno quiere que el martes 22 de noviembre el Pleno del Congreso de los Diputados debata y vote la admisión a trámite del proyecto de Estatut.

El texto llegará al Congreso la próxima semana cuando el presidente del Parlamento catalán entregue a Manuel Marín el proyecto. El presidente de la Cámara Baja deberá someter el texto a la Mesa del Congreso para que lo califique y lo remita al Pleno para su admisión a trámite.

El PP ha dicho que se opondrá a que la Mesa tramite el proyecto, pero como está en minoría no podrá evitar el Pleno del 22 de noviembre. Ese día intervendrá una delegación del Parlamento catalán con un máximo de tres miembros que podrían ser Pasqual Maragall (PSC), Artur Mas (CiU) y Josep Lluis Carod-Rovira (ERC).Intervendrán todos los grupos y por parte del Gobierno, podría estar María Teresa Fernández de la Vega, como con el valenciano.

Se votará y bastará mayoría simple para que se tramite. Está asegurado superarla con creces con el apoyo del PSOE, CiU, ERC, IU, PNV y Grupo Mixto. El texto llegará en diciembre a la Comisión Constitucional que preside Alfonso Guerra y se abrirá el plazo de enmiendas. El siguiente paso será que una delegación del Parlamento catalán y otra del Congreso negocien durante dos meses las enmiendas. No está previsto que se pueda ampliar el plazo que puede iniciarse en febrero, pero bastará el acuerdo de todos y es previsible que así se haga.

Ese calendario puede retrasarse si hubiera problemas con el valenciano, porque la disposición transitoria sexta de la Constitución establece que antes de empezar a correr el plazo de dos meses tendrá que salir de la Comisión el estatuto que haya entrado antes, es decir, el valenciano.

Los pasos del proceso

El texto resultante se votará en la Comisión Constitucional. Si no hay acuerdo, prevalecería el criterio de los diputados nacionales sobre el de los autonómicos. La mayoría simple del Parlamento catalán puede retirar en cualquier momento el texto y abortar el proceso. ERC y CiU tendrían votos suficientes si consideraran que se recorta en exceso.

Luego se sometería a votación el proyecto en el Pleno. Primero por partes, para lo que bastaría mayoría simple y luego habría una votación global en el Pleno que precisa mayoría absoluta, o sea, 176 diputados. Por tanto, no es preciso el acuerdo entre el PP y el PSOE.

El proyecto iría al Senado donde podrían introducirse enmiendas, aprobarse sin cambios u oponer un veto. Si hubiera cambios, deberían ratificarse en el Congreso y si hay veto -el PP no tiene mayoría suficiente-, levantarse en la Cámara Baja. En todo caso, habría una votación final en el Congreso.

El Gobierno quiere que salga de las Cortes antes de verano y el sueño casi imposible de Maragall es que el referéndum que cierra el proceso se celebre en Cataluña el simbólico 11 de septiembre, la Diada Nacional.

EL MUNDO

Sábado, 1 de Octubre de 2005

LA GENERALITAT VALENCIANA RECURRIRÁ SI SE MANTIENE EL MODELO FINANCIERO

Xavier Borras

 

VALENCIA.- El Gobierno valenciano recurrirá a todas las vías jurídicas posibles para combatir el Estatuto de Autonomía de Cataluña si éste se aprueba con el modelo de financiación secundado por la mayoría del Parlamento catalán. El vicepresidente del Consell, Víctor Campos, fue ayer muy claro: «No nos estaremos quietos si se pretende tener ventajas en la financiación y en la prestación de servicios en detrimento de la Comunidad Valenciana», sentenció.

La Generalitat Valenciana, señaló, «no va a aceptar que se rompa un modelo que nos afecta a todos». Para el Gobierno valenciano resultaría «casi imposible» que la reforma catalana sea ratificada en su integridad por las Cortes Generales. «Tiene aspectos que desbordan el marco constitucional», dijo el conseller.

Campos actuó de portavoz tras la reunión del Pleno en ausencia del conseller Esteban González Pons. Se suscitó la incógnita de si, cuando se apruebe el Estatuto valenciano y en caso de que prospere el catalán, la Generalitat usará la cláusula Camps, que reclama para la Comunidad Valenciana la aplicación de las competencias que asuman otras regiones.

Campos no lo tenía claro: «No tiene por qué afectarnos a la hora de activar ningún tipo de cláusula, una vez aprobada nuestra reforma», indicó. En su opinión, «la Constitución no se verá modificada por las propuestas aprobadas en Cataluña».

Campos cree que la Constitución delimita perfectamente «el marco de financiación de las comunidades». Para el conseller, ambos estatutos representan dos modelos políticos diferentes. La Comunidad Valenciana, «el respeto constitucional y el pacto» y Cataluña, «la ruptura».

EL MUNDO

Sábado, 1 de Octubre de 2005

CATALUÑA SE ARROGA NUEVOS LÍMITES EN SU SOLIDARIDAD FINANCIERA CON EL RESTO DE ESPAÑA

Carlos Segovia

Diseña un sistema federal en el que aportará dinero a otras CCAA «si hacen el mismo esfuerzo fiscal»

 

MADRID.- El Parlamento de Cataluña se arroga en el Estatuto de Autonomía el derecho a establecer nuevos límites en su solidaridad financiera con el resto de comunidades autónomas. El objetivo es conseguir mejorar sus ingresos en una cantidad, aún impredecible, de miles de millones de euros anuales.

El Título VI del texto aprobado en el Parlamento catalán diseña un nuevo sistema federal de financiación autonómica que, sin llegar al concierto económico vasco y el convenio navarro, va mucho más allá que el modelo actual de régimen común en el que está integrada Cataluña con el resto de regiones.

El sistema

El Gobierno de Cataluña recaudará y gestionará todos los impuestos en su territorio, ya sean de naturaleza estatal (incluido el Impuesto de Sociedades) o autonómica. El concepto es que todos los impuestos se comparten con el Estado en un porcentaje por concretar. El conseller de Finanzas de la Generalitat, el socialista Antoni Castells, cerebro del modelo, ha retirado la petición inicial de la cesión a Cataluña de al menos el 50% de los distintos impuestos, al ser considerada inconstitucional.

En el modelo actual, el Estado ya comparte impuestos con las comunidades de régimen común, pero en porcentajes muy inferiores en los más importantes como el IRPF (33%), IVA (35%), Alcohol y Tabaco (40%). El Estado no ha cedido nada del Impuesto de Sociedades.

La Agencia Tributaria

El organismo de nueva creación encargado de toda actividad recaudatoria en Cataluña no será la Agencia Tributaria estatal, como hasta ahora, sino la nueva catalana. Esta, colaborará con la estatal, pero no sólo gestionará, sino que también, según el Estatut, se encargará de «la inspección de todos los impuestos». Este punto preocupa especialmente en la Agencia Tributaria en Madrid, porque ya ha habido malas experiencias en el País Vasco al dejar el control del fraude fiscal en manos autonómicas.

La «aportación»

No lo llaman cupo, como en el concierto vasco, pero el principio es similar. Actualmente, el Estado es el máximo recaudador en todo el país, salvo en las comunidades forales, y redistribuye el dinero posteriormente. Pero la Generalitat pretende recaudar todo el dinero en su territorio y aportar después dinero al Estado por dos conceptos. El primero, para sufragar los servicios estatales prestados en Cataluña, como pueden ser la política exterior o la defensa.

El segundo, por la llamada «aportación a la solidaridad». Actualmente, el Estado redistribuye los recursos del modelo de financiación autonómica en función de la población, el envejecimiento de los habitantes, su dispersión geográfica o el problema de la insularidad. Pero el Estatut señala que es Cataluña la que decide de forma negociada con el Estado lo que debe aportar al resto de España y lo hace con nuevos criterios. El primero, «la Generalitat contribuye a la solidaridad con las demás comunidades autónomas para que los servicios prestados por los distintos gobiernos autonómicos a sus ciudadanos puedan tener niveles similares, siempre que lleven a término un esfuerzo fiscal también similar». Según el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, «Cataluña ayudará a otras comunidades si se ayudan también». Tanto las prósperas como las menos prósperas deben realizar el mismo esfuerzo recaudatorio. Y, además, para calcular el que hace Cataluña, el Parlament cree justo tener en cuenta no sólo los impuestos que pagan sus ciudadanos, sino los precios que pagan por usar autopistas de peaje y otros servicios.

Y hay más límites; Cataluña aportará el dinero que pueda teniendo en cuenta «sus necesidades de gasto y su capacidad fiscal, determinada con relación a la media de las comunidades autónomas y con el grado de progresividad que se determine». Y, finalmente, Cataluña no acepta que, después de hacer la aportación, pueda perder puestos en renta per cápita con respecto a otras comunidades.

Diferencias con Euskadi

El Concierto vasco es más insolidario que el nuevo que pretende Cataluña. Por un lado, si en el País Vasco o Navarra la recaudación de impuestos mejora un año espectacularmente, el Estado no se beneficia en nada, porque lo que recibe, el llamado cupo, es invariable. Por otro, según denuncian todas las comunidades autónomas, el País Vasco y Navarra se limitan con su cupo a pagar las competencias no transferidas que el Estado presta en su territorio, pero sin contribuir a los fondos de solidaridad interterritoriales.

Fondos de la UE

Se pretende también «negociar el porcentaje de participación de Cataluña en la distribución territorial de los fondos estructurales europeos». Hasta ahora deciden el Estado y la UE.

EL MUNDO

Sábado, 1 de Octubre de 2005

EL ESTATUT RECOGE EL «DERECHO DE LOS CATALANES A DECIDIR SU FUTURO»

Ferran Boiza

 

BARCELONA.- No se utiliza el término autodeterminación, pero tampoco hace falta. Con nocturnidad, a la 1.45 horas del viernes, la Cámara catalana aprobó el preámbulo del Estatut, que recoge textualmente «la vocación y el derecho de los ciudadanos de Cataluña de determinar su futuro como pueblo, que el Parlament ha expresado reiteradamente».

El texto definitivo, aprobado con el respaldo de los 120 diputados del tripartito y de CiU, y la oposición del PP, incluyó finalmente una modificación importante respecto al texto inicial, redactado por Xavier Rubert de Ventós por encargo personal del presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall. En el apartado en el que se apelaba a la «vocación de los ciudadanos de Cataluña de determinar libremente su futuro» se añadió finalmente, de madrugada, el término «derecho», con lo que el sentido cambiaba de forma significativa.

Además, el texto definitivo afirma que «Cataluña, en su proceso de construcción nacional, expresa su voluntad de ser y de continuar avanzando en el reconocimiento de su identidad colectiva». El preámbulo recoge que los derechos de Cataluña provienen de la Historia y, en este sentido, indica que el Estatut «es el depositario de una memoria y guarda el recuerdo de todos los que lucharon y de los que se exiliaron o, incluso, de los que murieron por el reconocimiento de los derechos nacionales de Cataluña y los derechos sociales de los catalanes».

Este apartado del Estatut incluye un decálogo que, según Maragall, deberían aprenderse los escolares de memoria. El primer punto de dicho decálogo es toda una declaración de intenciones: «Cataluña es una nación».

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